Unicef: los grupos armados reclutan un menor cada 22 horas en Colombia

Un niño, niña o adolescente es reclutado cada 22 horas por grupos armados ilegales en Colombia, según la alerta publicada por Unicef el 6 de noviembre de 2026. El organismo de Naciones Unidas denuncia la persistencia de una de las violaciones más graves de los derechos de la infancia y reclama al Gobierno colombiano medidas urgentes para impedir que los menores sigan siendo incorporados al conflicto armado.

La dimensión del problema es considerable. Más de 1.570 menores han sufrido el reclutamiento y la utilización por grupos armados durante los últimos cinco años, mientras que los casos aumentaron un 300 % entre 2019 y 2024. El dato refleja una violencia que continúa afectando a numerosas comunidades, especialmente en territorios rurales donde la presencia de organizaciones armadas condiciona la vida cotidiana.

La advertencia se produjo durante una conferencia internacional celebrada el viernes 6 de noviembre en Bogotá, organizada por Unicef y los gobiernos de Suecia y Canadá. Representantes del Ejecutivo colombiano, organismos internacionales, organizaciones sociales y jóvenes de regiones afectadas participaron en el encuentro para plantear medidas de prevención.

La representante especial del secretario general de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, Vanessa Fraizer, insistió en que esta violencia puede evitarse. El mensaje apunta directamente a las instituciones: Colombia dispone de mecanismos legales para combatir el reclutamiento infantil, pero necesita conseguir que esa protección llegue a las comunidades donde los menores están más expuestos.

El reclutamiento infantil aumentó un 300 % en cinco años

La evolución de las cifras muestra hasta qué punto el reclutamiento de menores continúa siendo un problema estructural del conflicto colombiano. Entre 2019 y 2024, los casos verificados de reclutamiento y utilización de niños y adolescentes se multiplicaron por cuatro.

En 2024, Naciones Unidas verificó 453 menores reclutados o utilizados por organizaciones armadas. Aquel balance equivalía aproximadamente a un caso cada 20 horas. La nueva advertencia de Unicef sitúa la frecuencia en un menor cada 22 horas, aunque estas estimaciones no deben interpretarse por sí solas como prueba de una reducción sostenida del problema.

Hay una dificultad fundamental: las cifras conocidas no reflejan necesariamente todos los casos. Las amenazas, el miedo de las familias a denunciar y las dificultades para acceder a determinados territorios hacen que una parte del reclutamiento permanezca fuera de los registros oficiales.

El problema tampoco se limita a los adolescentes que terminan participando directamente en enfrentamientos. El concepto de reclutamiento y utilización abarca distintas formas de vinculación de menores a organizaciones armadas, en situaciones que vulneran sus derechos y los exponen a otras formas de violencia.

Qué grupos armados reclutan menores en Colombia

Entre las organizaciones señaladas figuran las disidencias de las antiguas FARC, que continuaron operando después del acuerdo de paz de 2016, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). También aparecen otras estructuras armadas que mantienen disputas territoriales y ejercen control sobre determinadas comunidades.

Los registros de la Defensoría del Pueblo correspondientes a los primeros ocho meses de 2026 identificaron al Estado Mayor Central como el presunto responsable del 26,5 % de los casos registrados. Le siguieron el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con un 21,2 %, y el ELN, con un 20,4 %.

Son porcentajes referidos a los casos conocidos por esa institución, no a la totalidad del reclutamiento que puede estar produciéndose en el país.

La situación presenta especial gravedad en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander, donde la actividad de grupos armados y las dificultades de protección de la población civil aumentan la vulnerabilidad de niños y adolescentes.

Según los datos de la Defensoría correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, Cauca concentró 35 casos registrados y Norte de Santander, 25. Antioquia y Nariño contabilizaron nueve cada uno.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas también soportan una parte importante de esta violencia. Unicef había advertido que, durante 2023 y 2024, los menores de estos colectivos representaron el 52 % de las víctimas verificadas.

Las redes sociales se han convertido en otra vía de captación

El reclutamiento infantil ya no depende exclusivamente de la presencia física de los grupos armados en pueblos y comunidades. Unicef advierte de que las organizaciones ilegales recurren cada vez más a herramientas digitales y redes sociales para identificar, contactar y atraer a menores.

Durante la conferencia de Bogotá, la protección digital ocupó una parte importante de las conversaciones. Los participantes plantearon la necesidad de implicar a las plataformas tecnológicas, reforzar la educación digital y mejorar la capacidad de las familias y las comunidades para reconocer situaciones de riesgo.

Falsas ofertas de trabajo, amenazas y falta de alternativas

Los mecanismos de captación no siempre comienzan con una amenaza directa. Naciones Unidas ha documentado situaciones en las que los grupos armados recurren a falsas promesas de empleo o de mejores condiciones de vida para atraer a niños y adolescentes.

La pobreza, las dificultades para acceder a la educación, el desplazamiento y la ausencia de servicios básicos incrementan la exposición de los menores. Otros son reclutados mediante coacciones o amenazas contra su seguridad.

Una vez incorporados a estas organizaciones, abandonar el grupo puede resultar extremadamente difícil. Los menores quedan expuestos a múltiples vulneraciones de sus derechos, entre ellas la violencia sexual, los malos tratos y la pérdida de contacto con sus familias.

La incorporación de menores a grupos armados constituye una grave violación de sus derechos, incluso cuando inicialmente hayan aceptado una oferta engañosa. La aparente voluntariedad no elimina su condición de víctimas ni la responsabilidad de quienes los reclutan.

El subregistro impide conocer el alcance real de la violencia

La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 113 casos de reclutamiento de menores entre enero y agosto de 2026. Aunque la cifra es inferior a los registros de ejercicios anteriores, la institución ha advertido expresamente de que menos denuncias no significan necesariamente menos reclutamientos.

En septiembre, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que la institución había conocido 1.173 casos desde enero de 2024 hasta julio de 2026. También alertó de que algunos menores reclutados solo llegan a ser identificados cuando fallecen durante enfrentamientos u operaciones militares.

Esta circunstancia introduce una dificultad adicional para las políticas públicas: prevenir exige identificar los riesgos antes de que los menores desaparezcan de sus hogares o sean incorporados a las organizaciones armadas.

Los registros de Unicef, Naciones Unidas y la Defensoría responden a metodologías y periodos de observación diferentes. Por eso, sus cifras no deben sumarse ni compararse directamente como si constituyeran una única estadística nacional.

La protección de las víctimas plantea igualmente una cuestión jurídica y humanitaria. Un menor reclutado sigue siendo víctima, incluso cuando haya participado en actividades de una organización armada. La Defensoría ha insistido en que esta condición debe tenerse en cuenta también durante las operaciones militares.

La prevención del reclutamiento infantil exige medidas concretas

La conferencia de Bogotá dejó una prioridad compartida: trasladar la prevención del reclutamiento a las políticas de seguridad, educación, justicia, desarrollo y protección de la infancia.

El ministro colombiano de Justicia, Iván Cancino, defendió la necesidad de impedir nuevas incorporaciones y facilitar la salida de quienes permanecen bajo el control de grupos armados. El Gobierno manifestó su compromiso con la desvinculación de los menores y la restitución de sus derechos.

La representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, reconoció la existencia de instituciones, normas y mecanismos para perseguir este delito, pero subrayó la importancia de fortalecer su aplicación efectiva en los territorios más vulnerables.

La discusión del próximo Plan Nacional de Desarrollo aparece como una oportunidad para convertir estos compromisos en programas financiados, con recursos destinados a educación, protección social y oportunidades para la juventud.

Los jóvenes que participaron en el encuentro reclamaron precisamente que las iniciativas se traduzcan en financiación y actuaciones concretas, y que las comunidades afectadas intervengan en las decisiones que determinan su futuro.

La protección de la infancia sigue siendo un desafío en Colombia

La dimensión del problema exige algo más que perseguir penalmente a los responsables. Proteger a quienes están expuestos al reclutamiento, recuperar a los menores que permanecen en los grupos armados y garantizarles una alternativa real son partes de una misma respuesta.

Mientras un niño o adolescente siga siendo reclutado aproximadamente cada 22 horas, la protección de la infancia continuará siendo uno de los grandes desafíos pendientes de Colombia. La diferencia no estará únicamente en las normas aprobadas, sino en su capacidad para evitar que nuevos menores terminen atrapados en la violencia.