50 detenidos en Barcelona por contratos falsos a migrantes pakistaníes

Los Mossos d’Esquadra han detenido a 50 personas en la provincia de Barcelona, entre ellas 43 empresarios, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a facilitar la entrada irregular de ciudadanos pakistaníes en España y a gestionar permisos de residencia y trabajo mediante contratos laborales fraudulentos. La red cobraba a las víctimas hasta 30.000 euros por unos trámites que, en algunos casos, terminaban en situaciones próximas a la explotación laboral.

La investigación ha destapado un negocio que habría generado más de 3,2 millones de euros mediante la tramitación de expedientes de contratación en origen. Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización gestionó 224 solicitudes, de las cuales 108 recibieron una resolución favorable. Los investigadores consideran que se trata de la mayor operación desarrollada hasta la fecha por la policía catalana contra una estructura criminal especializada en la gestión irregular de autorizaciones de residencia y trabajo.

La operación se ejecutó los días 26 y 27 de octubre de 2026, aunque sus resultados se hicieron públicos este sábado 7 de noviembre. De los 50 arrestados, 48 son hombres y dos mujeres. Siete están considerados presuntos integrantes de la organización y los otros 43 son empresarios que habrían colaborado facilitando contratos y documentación laboral. Tres de los miembros de la red han ingresado en prisión por orden judicial.

Una red que cobraba hasta 30.000 euros por entrar en España

El funcionamiento del entramado combinaba la captación de ciudadanos pakistaníes con la participación de empresas establecidas principalmente en Cataluña. La organización ofrecía a personas interesadas en trasladarse a España la posibilidad de conseguir un visado, documentación administrativa, empadronamiento y un contrato de trabajo.

El precio podía alcanzar los 30.000 euros por persona. A cambio, los intermediarios se encargaban de preparar los expedientes necesarios para solicitar las autorizaciones administrativas. El problema era que las ofertas laborales utilizadas para justificar esos procedimientos podían ser ficticias o esconder condiciones de trabajo muy distintas de las anunciadas.

La red también tenía otra modalidad de negocio dirigida a ciudadanos pakistaníes que ya residían en España sin una autorización administrativa en vigor. En estos casos, los interesados pagaban hasta 8.000 euros por acceder a contratos laborales simulados que les permitieran iniciar procedimientos de regularización.

La diferencia económica entre ambos servicios refleja las dos actividades investigadas: facilitar la llegada de personas desde Pakistán y proporcionar documentación laboral a quienes ya se encontraban en territorio español. En ambos supuestos, la policía sostiene que se utilizaban relaciones laborales fraudulentas para obtener autorizaciones que debían responder a contrataciones reales.

Los 43 empresarios detenidos facilitaban contratos y documentación

La participación empresarial era fundamental para el funcionamiento del sistema. Los investigadores han identificado a 62 empresarios presuntamente vinculados a los expedientes fraudulentos, de los cuales 43 han sido detenidos.

Los negocios investigados pertenecen a sectores diversos, entre ellos establecimientos de alimentación, restaurantes, empresas de reformas y talleres mecánicos. Según los Mossos, algunos responsables ponían sus sociedades a disposición de los intermediarios para que figuraran como empleadoras de ciudadanos extranjeros.

Estas empresas proporcionaban la documentación necesaria para formalizar las contrataciones y justificar las solicitudes ante la Administración. A cambio, los empresarios participantes también habrían recibido contraprestaciones económicas.

Contratos que terminaban en precariedad o nunca llegaban a cumplirse

No todas las relaciones laborales investigadas eran completamente ficticias. Los Mossos han constatado que algunas personas sí llegaron a trabajar, aunque en condiciones precarias o cercanas a la explotación laboral.

En otros casos, los contratos se extinguían poco después de obtener las autorizaciones administrativas. También se han detectado situaciones en las que la contratación nunca llegó a materializarse.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque la trama no se limitaba a obtener documentación mediante procedimientos fraudulentos. Los investigadores han encontrado indicios de que algunas de las personas captadas terminaron sometidas a condiciones laborales abusivas.

La existencia de una autorización administrativa favorable tampoco demuestra, por sí sola, que el empleo prometido llegara a desarrollarse en los términos declarados. Precisamente, una parte de la investigación se centra en determinar qué contratos eran reales, cuáles se simularon y qué ocurrió con las personas contratadas.

Más de 3,2 millones de euros y una organización activa desde 2019

La investigación policial sitúa el origen de la estructura en 2019. Se trataba, según las pesquisas, de una organización jerarquizada, con funciones repartidas entre distintos integrantes y conexiones tanto en Cataluña como en Pakistán.

Hasta el momento se han identificado 12 presuntos miembros de la red, encargados de actividades como la captación de personas, la intermediación con empresarios, la preparación de documentación y la coordinación de los expedientes.

Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización habría tramitado 224 solicitudes de contratación en origen. De ellas, 108 obtuvieron una resolución favorable, una cifra que permite dimensionar el alcance de la actividad investigada.

Los Mossos calculan que esos 108 expedientes podrían haber reportado a la organización más de 3,2 millones de euros en ingresos.

La estimación no incluye los posibles pagos relacionados con solicitudes denegadas o archivadas, ni las cantidades abonadas por ciudadanos extranjeros que ya vivían en España y buscaban regularizar su situación.

Por tanto, los 3,2 millones no representan necesariamente el importe total del negocio investigado. Se trata de una estimación policial vinculada a los expedientes favorables analizados, no de un balance definitivo de todos los ingresos de la organización.

La investigación comenzó tras registrar una gestoría de Barcelona

El origen de las pesquisas se remonta a febrero de 2024, cuando los Mossos investigaban otro procedimiento relacionado con presuntos delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, blanqueo de capitales y organización criminal.

Durante aquella investigación se practicaron varios registros, incluido uno en una gestoría de Barcelona desde la que se habían tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos laborales falsos.

El análisis forense de los equipos informáticos intervenidos permitió detectar una organización diferente, formada por personas establecidas en Barcelona y su área metropolitana, además de colaboradores ubicados en Pakistán.

A partir de esa documentación, la División de Investigación Criminal (DIC) reconstruyó el funcionamiento de la trama y sus conexiones empresariales.

La operación policial posterior movilizó a 81 agentes, principalmente de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos y del Área Central de Crimen Organizado.

Las detenciones se distribuyeron entre Barcelona y varios municipios de su entorno. Los dispositivos alcanzaron localidades como L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, además de Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.

Tres detenidos en prisión y una investigación que sigue abierta

Los siete presuntos integrantes de la organización detenidos están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

A los 43 empresarios arrestados se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

De los siete detenidos considerados miembros de la estructura criminal, tres han ingresado en prisión por decisión judicial. La investigación continúa bajo la tutela de la plaza 27 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y de la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni otras actuaciones policiales. Tampoco se ha comunicado un balance definitivo del número de personas afectadas por las contrataciones presuntamente fraudulentas.

Conviene distinguir, además, entre los 12 presuntos integrantes identificados y los siete detenidos, así como entre los 62 empresarios investigados y los 43 arrestados. Las cifras corresponden a fases y situaciones procesales diferentes, y una detención no equivale a una condena.

El negocio de los permisos falsos deja también víctimas laborales

La operación revela un entramado que habría utilizado la necesidad de obtener permisos de residencia y trabajo para construir un negocio millonario. Las personas que pagaban por esos trámites podían acabar sin el empleo prometido o trabajando en condiciones especialmente precarias.

El caso muestra también la importancia de la participación empresarial en este tipo de fraude. Los intermediarios podían captar a los interesados y gestionar la documentación, pero necesitaban compañías dispuestas a respaldar contrataciones fraudulentas para completar los expedientes.

La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de los implicados, el alcance económico de la actividad y la situación de quienes recurrieron a los servicios de la organización.

Por el momento, el balance confirmado es de 50 detenidos, tres ingresos en prisión, 224 expedientes de contratación en origen investigados y más de 3,2 millones de euros en ingresos presuntamente obtenidos.

Detrás de esas cifras hay otro aspecto que no debería quedar relegado: las personas que entregaron cantidades extraordinarias por la promesa de acceder a un empleo y una residencia legal en España. Para algunas, según ha constatado la investigación policial, la oportunidad de trabajar terminó convirtiéndose en una situación cercana a la explotación laboral.