Las demandas por despido baten récord: 45.230 en el segundo trimestre

España ha alcanzado un máximo histórico de demandas por despido en un momento en el que el mercado laboral también registra cifras récord de empleo. Entre abril y junio de 2026 se presentaron 45.230 demandas ante los juzgados de lo Social, un 11,2 % más que durante el mismo periodo del año anterior. Es el volumen trimestral más elevado desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a recopilar esta serie estadística, en 2007.

El dato resulta especialmente llamativo porque coincide con un mercado laboral que cuenta con más trabajadores y una proporción considerablemente mayor de contratos indefinidos. Sin embargo, ambas tendencias no son necesariamente contradictorias. Los expertos apuntan al crecimiento de la población asalariada, los cambios introducidos por la reforma laboral y el aumento de los conflictos judiciales relacionados con la extinción de contratos.

El récord supera incluso los registros de dos de los momentos más difíciles para el empleo en España: la crisis financiera y la pandemia. En el primer trimestre de 2013 se contabilizaron 41.878 demandas, mientras que entre julio y septiembre de 2020 se registraron 41.597. Las cifras actuales rebasan ambos precedentes sin que exista una crisis de empleo comparable.

Conviene aclarar algo importante: 45.230 demandas no equivalen a 45.230 despidos declarados improcedentes, ni representan todos los despidos producidos en España. Se trata de procedimientos judiciales iniciados para cuestionar extinciones laborales. Muchos trabajadores despedidos no acuden a los tribunales porque alcanzan acuerdos con sus empresas o aceptan las condiciones de salida.

Por qué aumentan las demandas por despido si hay más empleo

Una parte de la explicación está en el propio crecimiento del mercado laboral. Cuantas más personas trabajan por cuenta ajena, mayor es también el número potencial de conflictos derivados de sus relaciones laborales. El incremento de las demandas debe analizarse teniendo en cuenta ese aumento de trabajadores.

Francisco Artacho, socio del Área Laboral de KPMG Abogados, señala que el crecimiento de la población asalariada es uno de los factores que ayudan a interpretar las estadísticas. También identifica otros elementos, como los despidos colectivos, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los cambios normativos relacionados con la conciliación familiar, las retribuciones o la igualdad.

Los datos más recientes de la Seguridad Social refuerzan esa aparente paradoja. España cerró octubre de 2026 con 22.624.165 afiliados de media, el mayor registro de la serie original y 784.573 más que un año antes.

También ha cambiado profundamente la composición del empleo. Según la Seguridad Social, la proporción de trabajadores temporales se situó en octubre en el 12,1 %, frente al 28,3 % de octubre de 2021, antes de la reforma laboral.

El contrato indefinido también cambia la forma de terminar una relación laboral

La mayor presencia de contratos indefinidos puede estar influyendo en el aumento de los procedimientos judiciales.

Cuando un contrato temporal válido llega a su fecha de finalización, la relación laboral puede extinguirse por el vencimiento del plazo pactado. Un contrato indefinido, por el contrario, no tiene una fecha de terminación previamente establecida. Si la empresa decide poner fin unilateralmente a la relación, normalmente deberá recurrir a alguna de las modalidades de despido previstas legalmente.

Esto no significa que todos los contratos indefinidos terminen mediante despido, pero sí que una mayor proporción de empleo estable puede incrementar el número de extinciones susceptibles de impugnación.

Un estudio elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) plantea que la mayor estabilidad del empleo también puede estar elevando las expectativas de indemnización de los trabajadores, especialmente cuando acumulan antigüedad en la empresa.

El sindicato advierte, no obstante, de que las cuantías reclamadas suelen ser reducidas. La existencia de más contratos indefinidos no garantiza, por sí sola, indemnizaciones elevadas.

Cataluña y Madrid concentran el mayor número de demandas

Las diferencias territoriales también son significativas. Cataluña fue la comunidad autónoma con más demandas por despido durante el segundo trimestre de 2026, seguida de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Los registros del CGPJ muestran que cuatro comunidades concentraron aproximadamente dos tercios de las demandas presentadas en España entre abril y junio.

Cataluña contabilizó 9.075 procedimientos, equivalentes a alrededor del 20 % del total nacional. Madrid registró 8.040 demandas; Andalucía, 7.302; y la Comunidad Valenciana, 5.885.

Sin embargo, las regiones con mayor número absoluto de reclamaciones no fueron necesariamente las que experimentaron los incrementos más intensos.

Galicia registró una subida interanual del 27,8 %, seguida de Cataluña, con un 24,3 %, y Castilla y León, con un 23,6 %.

Estas diferencias deben interpretarse teniendo en cuenta el tamaño de cada mercado laboral. Una comunidad con más asalariados puede acumular más procedimientos sin que ello implique necesariamente un riesgo individual de despido superior al de otros territorios.

La evolución de los conflictos tampoco se limita a la pérdida del puesto de trabajo. Los órganos de la jurisdicción social recibieron 35.043 reclamaciones de cantidad durante el segundo trimestre, un 3,4 % más que un año antes. Son procedimientos relacionados, entre otras cuestiones, con salarios y cantidades económicas que los trabajadores consideran pendientes de pago.

Los despidos colectivos también crecen, especialmente en servicios

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran otra tendencia relevante: el aumento de los trabajadores afectados por despidos colectivos.

En agosto de 2026 se contabilizaron 1.947 trabajadores afectados, un 30,5 % más que durante el mismo mes de 2025. En esos procedimientos estuvieron implicadas 66 empresas.

El sector servicios concentró la mayor parte de los afectados, con 1.692 trabajadores, especialmente en actividades con una elevada presencia de empleo asalariado.

La hostelería registró 670 trabajadores afectados por despidos colectivos, mientras que las actividades administrativas y los servicios auxiliares sumaron 453. Las telecomunicaciones contabilizaron otros 209.

El tamaño de las empresas también resulta relevante. Aproximadamente la mitad de los trabajadores afectados pertenecían a pequeñas y medianas compañías. No obstante, solo seis empresas de más de 250 empleados concentraron más de 750 despidos colectivos.

Entre las causas alegadas predominaron las económicas y técnicas. Dentro de las primeras destacaron las pérdidas actuales de las empresas, que afectaron a cerca de 500 trabajadores.

La tendencia tampoco comenzó este verano. Durante todo 2025, los despidos colectivos afectaron a unos 41.200 trabajadores, un 10,2 % más que el año anterior.

Los ERE judiciales siguen lejos de las cifras de la crisis financiera

Los juzgados de lo Mercantil registraron 97 expedientes de regulación de empleo durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 95 del mismo periodo de 2025. El incremento fue del 2,1 %.

Se trata de procedimientos registrados en el ámbito mercantil, no del conjunto de expedientes de regulación de empleo tramitados en España.

Aunque su número ha aumentado ligeramente, continúa muy por debajo de los niveles observados durante la crisis financiera.

CCOO también plantea la posibilidad de que se esté produciendo un desplazamiento de despidos colectivos hacia despidos individuales. Es una hipótesis que requiere un análisis más detallado de las decisiones empresariales y no puede darse por acreditada únicamente con las cifras judiciales.

Los juzgados laborales afrontan retrasos que pueden llegar a tres años

El crecimiento de las demandas coincide con problemas persistentes de saturación judicial en determinados órganos de la jurisdicción social.

El aumento de los asuntos judiciales, unido a la insuficiencia de recursos en algunos territorios, está alargando los tiempos de espera. Según explica Artacho, hay procedimientos cuyos señalamientos en primera instancia pueden situarse hasta tres años después de presentar la demanda.

No es el plazo habitual en todos los juzgados, pero refleja la gravedad de las demoras judiciales que pueden producirse en determinados destinos judiciales.

Para una persona que reclama la improcedencia de su despido, la espera tiene consecuencias económicas evidentes. La resolución puede llegar mucho después de haber perdido su empleo, cuando su situación laboral y personal ya ha cambiado considerablemente.

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introdujo modificaciones organizativas y procesales que también afectan a la jurisdicción social. Los profesionales del sector consideran que estos cambios requieren un periodo de adaptación.

El problema, sin embargo, no se reduce a los procedimientos. La capacidad de los tribunales para atender el volumen de litigios resulta fundamental para garantizar una tutela judicial efectiva dentro de plazos razonables.

Qué plazo tiene un trabajador para reclamar un despido

La legislación laboral establece, con carácter general, un plazo de 20 días hábiles para impugnar un despido. No se computan los sábados, domingos ni los festivos aplicables conforme a las reglas procesales.

Habitualmente, antes de acudir al juzgado debe intentarse una conciliación administrativa, salvo las excepciones previstas legalmente. La presentación de la correspondiente papeleta suspende el plazo de caducidad en los términos establecidos por la ley.

Esta diferencia resulta esencial: aunque un procedimiento judicial pueda prolongarse durante meses o años, el trabajador dispone de un periodo muy breve para iniciar su reclamación.

Una vez presentada la demanda, el tribunal podrá determinar, según las circunstancias del caso, si el despido es procedente, improcedente o nulo, con consecuencias distintas en materia de indemnización y readmisión.

Los sindicatos reclaman indemnizaciones más altas y cambios legales

CCOO y UGT consideran que el sistema español de indemnizaciones por despido necesita una reforma para reforzar la protección de los trabajadores.

Ambas organizaciones reclaman adaptar la legislación a las exigencias de la Carta Social Europea y recuperar un carácter verdaderamente disuasorio frente a los despidos injustificados.

Entre sus propuestas figuran la recuperación de los salarios de tramitación en determinados supuestos, el establecimiento de una indemnización mínima y la posibilidad de que los tribunales concedan compensaciones superiores cuando existan daños acreditados que no queden suficientemente reparados mediante las cuantías ordinarias.

Los sindicatos también defienden que el trabajador pueda solicitar la readmisión en casos de despido improcedente, una posibilidad que actualmente no constituye la regla general, puesto que habitualmente corresponde a la empresa optar entre readmitir e indemnizar, con las excepciones previstas legalmente.

La discusión afecta directamente al modelo de protección del empleo. El sistema vigente establece indemnizaciones tasadas para los despidos improcedentes, mientras que las organizaciones sindicales consideran necesario introducir mayores posibilidades de reparación individualizada.

Las propuestas plantean un debate sobre el equilibrio entre la protección de los trabajadores, los costes empresariales y la seguridad jurídica. Por el momento, las reclamaciones sindicales no equivalen a una modificación aprobada del régimen general del despido.

Un mercado laboral más estable, pero con más conflictos judiciales

El máximo histórico de demandas por despido refleja una transformación del mercado de trabajo español que no puede explicarse exclusivamente por un deterioro del empleo.

España tiene más afiliados que nunca y una proporción de contratos temporales muy inferior a la registrada antes de la reforma laboral. Al mismo tiempo, los conflictos judiciales por extinción contractual han aumentado hasta superar los registros de la crisis financiera y de la pandemia.

Más empleo estable no significa ausencia de despidos. Tampoco permite concluir que las empresas estén despidiendo proporcionalmente más trabajadores sin comparar las extinciones y las reclamaciones con el conjunto de la población asalariada.

El dato de las 45.230 demandas señala, sobre todo, que un número creciente de conflictos laborales está llegando a los tribunales. Y ahí aparece otro problema: los retrasos judiciales pueden limitar la utilidad práctica de una protección legal que, sobre el papel, reconoce el derecho a impugnar un despido.

La cuestión que deja abierta este récord no es únicamente cuántos trabajadores pierden su puesto, sino cuántos necesitan acudir a la Justicia para defender sus derechos y cuánto tiempo deben esperar para obtener una respuesta.