El Supremo respalda recuperar tres caminos públicos usurpados en Rota

El Tribunal Supremo ha respaldado la recuperación de tres caminos públicos ocupados ilegalmente en Rota (Cádiz) y ha dejado firme la obligación de la Junta de Andalucía de tramitar los procedimientos necesarios para recuperar estos terrenos. La resolución, dictada el 14 de octubre de 2026, supone una victoria para las organizaciones ecologistas que llevan años denunciando la apropiación de vías pecuarias y abre nuevas posibilidades para defender miles de kilómetros de patrimonio público en España.

El pronunciamiento judicial confirma que proteger las vías pecuarias no es una decisión discrecional de las administraciones. Cuando existen terrenos públicos debidamente delimitados y ocupados sin autorización, la autoridad competente debe actuar conforme a la ley. No basta con reconocer que un camino pertenece a todos mientras una explotación agrícola, un vallado o una finca privada impiden utilizarlo.

El caso tiene especial relevancia porque el problema se extiende mucho más allá de Cádiz. España conserva una extensa red histórica de caminos ganaderos, algunos desaparecidos bajo cultivos, otros cerrados con alambradas y muchos pendientes de recuperación. La decisión del Supremo no significa que todos vayan a reabrirse automáticamente, pero fortalece las reclamaciones para que las comunidades autónomas cumplan sus obligaciones.

Tres caminos públicos de Rota, en el origen de la sentencia

La batalla judicial comenzó con las reclamaciones de La Plazoleta-Ecologistas en Acción de Rota, que exigía recuperar terrenos pertenecientes a tres vías pecuarias: la Colada de los Charcos, la Colada de Cebollares y la Colada de Cobalengo.

Estos caminos habían sido objeto de procedimientos de deslinde años atrás, algunos desde 2005 y 2006. Es decir, la Administración ya había determinado oficialmente sus límites, pero parte de los terrenos continuaba ocupada por explotaciones agrícolas.

La situación de la Colada de Cebollares permite comprender la magnitud del problema. Aunque esta vía pecuaria tiene una anchura reconocida de 37,5 metros, las ocupaciones habían reducido el espacio disponible para el tránsito a un estrecho carril por el que apenas podía pasar un tractor.

En diciembre de 2020, la asociación ecologista solicitó formalmente a la Junta de Andalucía que iniciara la recuperación de los terrenos. Ante la falta de una respuesta efectiva, acudió a los tribunales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz estimó su reclamación. La Junta recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la decisión, y posteriormente llevó el asunto al Supremo.

El resultado ha sido desfavorable para la Administración autonómica. La obligación de iniciar, tramitar y resolver los expedientes de recuperación ha quedado firme, después de un recorrido judicial que se ha prolongado durante varios años.

El Supremo respalda la obligación de recuperar las vías pecuarias

La importancia jurídica del caso reside en la responsabilidad de las administraciones sobre los bienes de dominio público.

La Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, establece que estos terrenos pertenecen al dominio público de las comunidades autónomas y tienen tres características fundamentales: son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Esto significa, entre otras cosas, que no pueden convertirse en propiedad privada simplemente porque alguien los haya ocupado durante décadas. Tampoco dejan de ser terrenos públicos por haber caído en desuso.

La sentencia que ha quedado firme establece que la Administración debe tramitar los procedimientos correspondientes cuando se reclama la recuperación de vías pecuarias debidamente delimitadas y ocupadas de forma ilegítima.

En este caso, los tribunales rechazaron que la actuación pudiera quedar sometida exclusivamente a la voluntad administrativa. La falta de medios técnicos o materiales tampoco justifica por sí sola el incumplimiento de esa obligación legal.

Conviene precisar un aspecto: el Supremo ha respaldado las resoluciones anteriores, pero no ha establecido en este procedimiento una doctrina general nueva sobre todas las cuestiones jurídicas planteadas. Su decisión refuerza el valor del precedente de Rota, sin convertirlo en una orden automática de recuperación de todos los caminos ocupados del país.

Por qué no basta con delimitar un camino público

La recuperación de una vía pecuaria comprende varias actuaciones administrativas que conviene distinguir.

Primero se identifica oficialmente su existencia, recorrido y características mediante la clasificación. Después puede realizarse el deslinde, que determina sus límites exactos y permite establecer qué terrenos forman parte del dominio público.

El amojonamiento señala esos límites físicamente sobre el terreno.

Sin embargo, un camino puede estar perfectamente identificado en los documentos administrativos y continuar ocupado. Es lo que sucedía en las coladas de Rota.

La recuperación efectiva exige actuar sobre esas ocupaciones mediante los procedimientos legalmente establecidos, respetando los derechos de audiencia y defensa de las personas afectadas.

Esa diferencia entre reconocer un terreno público y conseguir que vuelva a estar disponible constituye el núcleo del conflicto.

Miles de kilómetros de vías pecuarias podrían beneficiarse del precedente

El alcance potencial del caso es considerable. Solo Andalucía cuenta con 32.772 kilómetros de vías pecuarias, distribuidos en más de 5.000 trazados, según los datos de la Administración autonómica.

La red incluye cañadas, cordeles, veredas y otras rutas tradicionales utilizadas durante siglos para desplazar ganado entre zonas de pastoreo.

La legislación estatal establece una anchura máxima general de 75 metros para las cañadas, 37,5 metros para los cordeles y 20 metros para las veredas. Las coladas tienen la anchura determinada en su correspondiente clasificación administrativa.

Con el paso del tiempo, parte de estos espacios ha quedado incorporada a explotaciones agrícolas, fincas particulares o terrenos destinados a otros aprovechamientos. En algunos casos las ocupaciones han reducido notablemente su anchura; en otros, han interrumpido la continuidad del recorrido.

Las asociaciones defensoras de los caminos públicos llevan años denunciando situaciones similares en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, entre otras comunidades.

El precedente de Rota puede facilitar nuevas reclamaciones cuando existan vías pecuarias deslindadas en firme cuya recuperación permanezca pendiente.

Eso no significa que cualquier sendero cerrado pueda reabrirse invocando esta sentencia. Es necesario acreditar su condición jurídica, identificar la Administración competente y examinar las circunstancias de la ocupación.

Tampoco todos los caminos rurales tienen el mismo régimen jurídico. Las vías pecuarias autonómicas y los caminos públicos de titularidad municipal se rigen por disposiciones que no son necesariamente idénticas.

La resolución representa, por tanto, un respaldo relevante para exigir actuaciones concretas, especialmente donde la titularidad pública y los límites del terreno ya están establecidos.

La Junta de Andalucía asegura que ha iniciado actuaciones

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sostiene que no ha permanecido inactiva durante la tramitación judicial.

Según la información facilitada por el departamento autonómico, se han iniciado 67 procedimientos administrativos relacionados con las coladas de Rota y se han dictado 60 resoluciones.

La Junta también asegura que ha realizado requerimientos de desalojo y otras actuaciones destinadas a recuperar los terrenos ocupados.

Estos datos introducen una distinción importante: que exista una resolución administrativa no implica necesariamente que el terreno afectado se encuentre completamente recuperado y disponible para el tránsito público.

La recuperación puede exigir nuevas actuaciones materiales, la retirada de obstáculos o la ejecución de decisiones administrativas, siempre con las garantías correspondientes.

El siguiente paso será comprobar hasta qué punto esos procedimientos permiten restituir efectivamente los trazados afectados.

Un patrimonio que también pertenece a senderistas y ciclistas

Aunque las vías pecuarias nacieron vinculadas a la trashumancia, su importancia actual va mucho más allá del tránsito ganadero.

La legislación permite determinados usos recreativos compatibles, como el senderismo, los paseos a caballo y los desplazamientos deportivos no motorizados, siempre respetando la prioridad del ganado y las condiciones de conservación.

También desempeñan una función ambiental. Muchos de estos caminos conectan espacios naturales, facilitan el desplazamiento de especies y conservan franjas de vegetación en territorios dominados por explotaciones agrícolas.

Su recuperación puede mejorar las comunicaciones rurales, favorecer actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y proteger elementos históricos como descansaderos y abrevaderos.

No se trata únicamente de recuperar un sendero para caminar los domingos. Está en juego una parte del patrimonio territorial español cuya titularidad pública continúa vigente, aunque determinadas ocupaciones hayan alterado su utilización durante años.

La sentencia del Supremo deja, sobre todo, una consecuencia práctica: las administraciones no pueden limitarse a reconocer sobre el papel la existencia de vías pecuarias públicas mientras desatienden las reclamaciones legítimas para recuperarlas.

El precedente de Rota ofrece nuevas herramientas jurídicas a quienes defienden estos espacios, pero la apertura efectiva de los caminos dependerá de los procedimientos y de las actuaciones que se ejecuten sobre el terreno.

Porque una sentencia puede aclarar las obligaciones de la Administración. Conseguir que un camino público vuelva a ser verdaderamente público exige cumplirlas.