Un mosso condenado a 21 años afronta otros 17 por otra agresión sexual

La Fiscalía de Barcelona solicita 17 años más de prisión para Abel M. M., un antiguo agente de los Mossos d’Esquadra que ya fue condenado a 21 años de cárcel por violar de forma continuada a la pareja de su hijastro, una joven con discapacidad intelectual. El acusado deberá comparecer de nuevo ante la Audiencia de Barcelona a finales de noviembre de 2026 por unas presuntas agresiones sexuales cometidas en 2017 contra otra mujer vulnerable con la que convivía.

La nueva acusación sostiene que el policía, destinado anteriormente en la comisaría de Manresa (Barcelona), aprovechó los efectos de medicamentos sedantes para agredir sexualmente a la joven mientras estaba inconsciente. También habría grabado los episodios sin su consentimiento. Los investigadores encontraron 481 imágenes relacionadas con los presuntos abusos, según recoge el escrito de la Fiscalía.

El procedimiento llega apenas unas semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmara, el pasado 29 de octubre de 2026, la primera condena de 21 años de prisión. El mosso permanece encarcelado y afronta una segunda causa por hechos anteriores a los que motivaron aquella sentencia.

Una joven con discapacidad, medicamentos y agresiones en 2017

Los hechos que examinará la Audiencia de Barcelona se remontan a 2017, cuando la presunta víctima tenía entre 17 y 18 años. La joven convivía con el acusado, su madre y su hermano. Era hija de quien entonces mantenía una relación sentimental con el agente.

Según la acusación pública, la mujer había sido diagnosticada durante su infancia de un trastorno generalizado del desarrollo y recibía tratamiento farmacológico. La Fiscalía sostiene que el procesado aprovechaba esa circunstancia para someterla a agresiones sexuales.

En determinadas ocasiones, siempre según el relato fiscal, el hombre habría inducido a la joven a consumir medicamentos con efectos somníferos. En otras, se habría aprovechado de la somnolencia producida por su tratamiento habitual.

La acusación describe episodios de penetración sexual cuando la víctima se encontraba inconsciente, así como otros comportamientos vejatorios. La incapacidad para prestar consentimiento en esas circunstancias constituye uno de los elementos centrales del procedimiento.

Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye al acusado un delito continuado de abuso sexual con penetración, conforme a la calificación recogida en su escrito, además de delitos relacionados con la intimidad y la elaboración de material pornográfico.

Las 481 imágenes encontradas y una indemnización de 100.000 euros

La investigación también examina las grabaciones que presuntamente realizó el agente durante las agresiones.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado utilizaba dispositivos de grabación para registrar los episodios de contenido sexual y almacenaba posteriormente los archivos en un disco duro.

Los investigadores localizaron 481 imágenes en las que aparecía la joven durante los presuntos ataques. También se encontraron grabaciones de situaciones cotidianas realizadas, supuestamente, sin que ella tuviera conocimiento de que estaba siendo filmada.

Este material constituye una parte relevante de la acusación por descubrimiento y revelación de secretos y por elaboración de material pornográfico.

La Fiscalía sostiene igualmente que los hechos tuvieron consecuencias graves para la salud psicológica de la mujer. La joven presentaba problemas previos, entre ellos trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno de la conducta alimentaria, que, según el Ministerio Público, se agravaron como consecuencia de los presuntos abusos.

También habría desarrollado estrés postraumático.

Por ello, la acusación reclama que el procesado indemnice a la víctima con 100.000 euros, además de solicitar una pena de 17 años de cárcel, libertad vigilada y la correspondiente prohibición de aproximación.

Las acusaciones deberán ser examinadas durante el juicio. A diferencia de lo ocurrido en el primer procedimiento, estos hechos todavía no cuentan con una sentencia condenatoria.

La condena anterior: 21 años por violar a la novia de su hijastro

El acusado ya fue condenado por otro caso de violencia sexual ocurrido durante el verano de 2023, en el municipio barcelonés de Rajadell.

En aquella ocasión, la víctima era la novia de su hijastro, una joven que entonces tenía reconocida una discapacidad intelectual del 55 %. Ambos jóvenes se habían conocido en un centro para personas con discapacidad y sus familias habían acordado que pasaran varios días de la semana juntos.

El condenado aprovechó esa relación de confianza para organizar un engaño destinado a conseguir que la mujer participara en prácticas sexuales.

La falsa academia de masajes y los mensajes de WhatsApp

La sentencia consideró probado que el agente hizo creer a la joven que podía acceder a una supuesta academia de masajes de Manresa si superaba determinadas pruebas.

Para sostener la mentira, creó conversaciones de WhatsApp en las que fingía ser distintas personas vinculadas a la academia, entre ellas una directora y otras alumnas.

Mediante esos perfiles ficticios, manipulaba a la víctima para que aceptara prácticas sexuales y enviara fotografías y vídeos íntimos.

El tribunal concluyó que el condenado se había aprovechado deliberadamente de las dificultades de la mujer para identificar situaciones de riesgo y comprender las intenciones del adulto.

En julio de 2026, la Audiencia de Barcelona le impuso 16 años de prisión por agresión sexual continuada con abuso de la situación mental de la víctima y penetración, además de cinco años por un delito de pornografía con abuso de una relación de confianza.

La sentencia también estableció una indemnización de 60.000 euros, medidas de alejamiento e incomunicación, inhabilitación para actividades con contacto habitual con menores y ocho años de libertad vigilada.

El 29 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó los 21 años de prisión. Contra esa resolución todavía cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cómo se descubrió la segunda causa contra el mosso

La existencia de otra posible víctima salió a la luz durante las investigaciones relacionadas con los hechos de 2023.

Al analizar uno de los teléfonos móviles del agente, los investigadores encontraron fotografías de contenido sexual en las que aparecía otra mujer. El hallazgo permitió abrir una investigación independiente por unos acontecimientos que se remontaban a varios años antes.

La segunda causa presenta algunas similitudes con el procedimiento que terminó en condena: las dos mujeres tenían discapacidad o trastornos del desarrollo, existía una relación de convivencia con el acusado y las imágenes sexuales forman parte de las pruebas examinadas.

Sin embargo, las circunstancias descritas por la Fiscalía son distintas. En el caso de 2023, los jueces consideraron acreditada una estrategia de manipulación mediante una falsa academia. En el procedimiento por los hechos de 2017, la acusación se centra en el presunto aprovechamiento del estado de inconsciencia de la víctima.

La condición de policía del condenado también aparece en los antecedentes judiciales. En la primera causa, la familia de la víctima había considerado que el domicilio del agente era un entorno seguro, una confianza que resultó determinante para facilitar la convivencia.

Un nuevo juicio que puede agravar su situación penitenciaria

El próximo juicio deberá determinar si Abel M. M. es responsable de las agresiones sexuales denunciadas en 2017 y de los delitos relacionados con las grabaciones.

La petición de 17 años adicionales corresponde exclusivamente a este segundo procedimiento. No constituye todavía una condena ni significa que ambas penas puedan sumarse automáticamente a efectos de cumplimiento efectivo, cuestión sometida a las reglas penales y penitenciarias aplicables.

La Audiencia de Barcelona tendrá que valorar las pruebas documentales, el material audiovisual, los informes médicos y las declaraciones practicadas durante la vista.

El acusado conserva la presunción de inocencia respecto a los hechos de 2017, aunque existe una sentencia condenatoria anterior, confirmada en apelación, por las agresiones cometidas contra otra mujer en 2023.

El proceso de finales de noviembre será decisivo para establecer si el antiguo agente debe responder también penalmente por los hechos investigados de 2017. Por el momento, hay una condena de 21 años confirmada por el TSJC y una segunda petición fiscal de 17 años pendiente de juicio.