27 detenidos por explotación sexual en pisos ocupados de Cantabria

La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria un grupo criminal acusado de captar a mujeres extranjeras con falsas promesas de trabajo y vivienda para, una vez en España, obligarlas a ejercer la prostitución bajo amenazas. La operación, bautizada como Pucero, se ha saldado con 27 detenidos y otra mujer investigada en Valencia. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación ha identificado al menos a cuatro víctimas. Según las pesquisas, las mujeres acababan en pisos ocupados, un club de Argoños, viviendas de Santander y un chalet de Laredo, en condiciones que los agentes describen como deplorables: faltaban suministros básicos, apenas había higiene y convivían entre roedores y excrementos. La trama no se limitaba a la explotación sexual. También habría traficado con drogas y ocupado decenas de viviendas que después alquilaba a terceros, algunos especialmente vulnerables.

Falsas ofertas de trabajo para atraer a las mujeres a España

El origen de la investigación estuvo en Santoña, Argoños y Cicero, donde la Guardia Civil detectó la presencia de varias mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas sexualmente. Las pesquisas permitieron reconstruir después un mecanismo de captación que comenzaba mucho antes de que las víctimas llegaran a Cantabria.

Al menos cuatro mujeres habrían sido localizadas en pequeñas poblaciones de sus países de origen por una persona que se presentaba como un importante empresario. La oferta parecía abrir una puerta: viajar a España, disponer de trabajo y vivienda y mejorar no solo su propia situación, sino también la de sus familias.

El viaje era organizado por el propio entramado y podía incluir escalas en Dubái, París y Barcelona. La promesa de una vida mejor terminaba, según la investigación, al llegar a Cantabria. Allí las mujeres eran trasladadas a distintos inmuebles y sometidas a amenazas para que ejercieran la prostitución y atendieran varios servicios durante una misma noche.

Pisos ocupados, prostitución y condiciones insalubres

Parte de la explotación se desarrollaba en viviendas previamente ocupadas. Otras mujeres eran alojadas en un club situado en Argoños, varios pisos de Santander y un chalet de Laredo.

Las condiciones encontradas por los investigadores dibujan una realidad bastante menos discreta que la fachada del negocio: falta de suministros, suciedad extrema, animales, roedores y excrementos. No eran simplemente lugares utilizados para ejercer la prostitución; algunos funcionaban también como alojamiento de las víctimas.

La Guardia Civil sostiene que las mujeres permanecían sometidas al control de la organización y eran obligadas a prostituirse mediante amenazas. La investigación aborda por ello posibles delitos relacionados con la explotación sexual y la trata de seres humanos, junto con otras actividades atribuidas al grupo.

Una organización con varios negocios a la vez

A medida que avanzó la operación Pucero apareció una estructura más amplia. Los investigadores detectaron que miembros del grupo presuntamente compraban cantidades importantes de droga en Valencia y otros puntos de la costa levantina para trasladarlas posteriormente hasta Cantabria.

Para esos viajes utilizaban vehículos de alquiler puestos a nombre de terceras personas y coches lanzadera destinados a advertir de posibles controles policiales. Una vez en el norte, los estupefacientes se ocultaban principalmente en pisos de Laredo y Colindres.

Desde allí, la droga se distribuía tanto en los lugares vinculados a la prostitución como en puntos de venta al menudeo de la zona oriental de Cantabria y Santander. La investigación apunta incluso a que algunas de las personas instaladas en viviendas ocupadas participaban en esa distribución.

Una treintena de viviendas ocupadas y después alquiladas

La tercera pata del entramado estaba en los inmuebles. Según la Guardia Civil, el grupo se dedicaba a ocupar viviendas en distintas localidades cántabras y algunas de esas ocupaciones se realizaban por encargo.

Los agentes investigan alrededor de una treintena de viviendas. Después de ocuparlas, la organización las habría alquilado a otras personas, entre ellas extranjeros y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Es decir, obtenía un rendimiento económico de inmuebles que no eran de su propiedad.

La investigación también ha detectado gestiones destinadas a empadronar a personas en esos domicilios y facilitar así el acceso a determinadas ayudas. Esta parte del caso ha abierto otra vía relacionada con posibles delitos de usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.

Doce registros y cinco detenidos enviados a prisión

La fase operativa comenzó a finales de septiembre y se prolongó hasta esta semana. En total fueron detenidos 20 hombres y siete mujeres en Cantabria, mientras que otra mujer quedó investigada en Valencia. Cinco de los arrestados ingresaron en prisión.

Los agentes practicaron doce registros en viviendas y establecimientos de Cicero, Argoños, Colindres, Santander, Laredo, Santoña y Arnuero, además de una actuación en Chiva, Valencia.

El balance de las intervenciones da una idea del tamaño del negocio investigado. La Guardia Civil se incautó de 30.000 euros en efectivo, 24 kilos de cogollos de marihuana procedentes de una plantación interior, casi un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas de precisión, joyas, documentación y una pistola simulada.

También fue desmantelada una instalación destinada al cultivo de marihuana que utilizaba un sistema energético apoyado por paneles solares, una fórmula pensada para mantener la producción y reducir parte del consumo eléctrico detectable.

La investigación sigue centrada en la protección de las víctimas

La operación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Santoña, Plaza 1, y desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña, con apoyo de distintas unidades desplazadas desde Cantabria, Asturias, León, Bilbao y Valencia.

A las mujeres identificadas como víctimas se les han ofrecido recursos asistenciales y medidas judiciales de protección. Es una parte menos visible de este tipo de operaciones, pero decisiva: salir físicamente de un inmueble no significa terminar de golpe con una situación de explotación, dependencia o miedo.

Una trama que convertía la vulnerabilidad en negocio

El caso Pucero deja, sobre todo, la fotografía de una organización presuntamente capaz de convertir varias formas de vulnerabilidad en negocio. Mujeres engañadas con una promesa de futuro, personas necesitadas alojadas en viviendas ocupadas y consumidores de droga aparecían, según los investigadores, dentro de un mismo engranaje. Prostitución forzada, narcotráfico y ocupación ilegal no funcionaban como compartimentos separados, sino como piezas de una estructura que la Guardia Civil considera desmantelada en su núcleo principal.