Argentina identifica a ocho desaparecidos hallados junto a La Perla

La Justicia argentina ha identificado los restos de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura militar, hallados en Loma del Torito, una zona de enterramientos clandestinos situada junto al antiguo centro de detención y tortura de La Perla, en la provincia de Córdoba. Son cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados en distintos operativos de 1976.

El hallazgo permite poner nombre a restos recuperados durante las excavaciones iniciadas en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Con estas nuevas identificaciones son ya 38 las víctimas reconocidas gracias a los trabajos desarrollados en el terreno desde septiembre del año pasado. Medio siglo después, huesos dispersos y minúsculos fragmentos que alguien quiso convertir en silencio vuelven a hablar.

Ocho nombres recuperados casi 50 años después

Las ocho personas identificadas son Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier. La Justicia Federal de Córdoba comunicó sus identidades a las familias antes de hacerlas públicas.

Sus historias no forman un único grupo ni proceden de un mismo operativo. Fueron secuestrados en diferentes momentos y lugares de Córdoba durante 1976. Esa dispersión es precisamente uno de los elementos que refuerzan la importancia del hallazgo: los restos terminaron mezclados en un mismo espacio después de que los enterramientos fueran alterados.

Néstor Acosta tenía 21 años, trabajaba como ferroviario en la línea Mitre y estudiaba Arquitectura. Fue secuestrado de su casa el 16 de junio de 1976. Pascual Delfín Ludueña, de 29 años, era delegado sindical en la planta de FIAT Concord y fue detenido el 24 de marzo, el mismo día del golpe militar. Claudio Nardini militaba sindicalmente y trabajaba en SanCor; fue secuestrado el 23 de abril.

Estudiantes, trabajadores y jóvenes familias

Entre las mujeres identificadas está Cecilia Alicia Pessina de Ávila, profesora de piano y psicóloga. Su marido, Benjamín Ávila, había sido asesinado un día antes de que ella fuera secuestrada en agosto de 1976, delante de su hija. Durante décadas, su familia ni siquiera tuvo certeza de que hubiera pasado por La Perla. Entre los restos apareció un pequeño hueso de su mano derecha, una pieza mínima que terminó proporcionando la prueba que faltaba.

Mónica Protti de Guillén tenía 24 años, era maestra, estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el Partido Comunista. Mercedes del Valle Ramírez, con 21 años, cursaba secundaria y trabajaba en una tienda de lanas. María Luisa Salto, de 20, también estudiaba Medicina y había sido vista con vida dentro de La Perla tras su secuestro.

Juan Carlos Soulier tenía 23 años, trabajaba como electricista y estudiaba Ingeniería en Construcciones. Fue secuestrado junto a su esposa, Adriana Díaz Ríos, y su hijo Sebastián, que apenas tenía cinco meses. La familia consiguió recuperar al bebé. Cincuenta años más tarde, aquel niño forma parte de la querella que ha impulsado la búsqueda de los desaparecidos.

La fosa junto a La Perla y un intento de borrar las pruebas

Las excavaciones comenzaron en septiembre de 2025 en Loma del Torito, dentro de terrenos de la Guarnición Militar La Calera. Los especialistas encontraron numerosos restos humanos fragmentados, desarticulados y mezclados entre capas de tierra. No había allí tumbas ordenadas ni cuerpos completos. Justo lo contrario.

Los investigadores han encontrado indicios de que los cuerpos enterrados clandestinamente fueron removidos con maquinaria pesada. La hipótesis judicial sitúa parte de esas maniobras a comienzos de 1979, cuando la dictadura trataba de hacer desaparecer evidencias antes de la visita a Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito resulta bastante transparente: borrar el crimen borrando también a sus víctimas.

Pero la tierra no funciona como una trituradora perfecta de la historia. Los fragmentos recuperados son sometidos a estudios antropológicos y después a análisis genéticos, comparándolos con muestras aportadas por familiares. Así se reconstruyen identidades a partir de piezas que, en ocasiones, pueden ser extraordinariamente pequeñas.

El trabajo reúne al Equipo Argentino de Antropología Forense, especialistas de medicina forense de Córdoba, investigadores universitarios, genetistas y geólogos. Las excavaciones de 2025 se prolongaron entre septiembre y noviembre; en 2026 comenzó una nueva campaña y parte del material recuperado todavía espera análisis.

Ya son 38 las víctimas identificadas en Loma del Torito

El balance de este trabajo ha avanzado por etapas. Primero fueron identificadas 12 personas, después otras 17, una más en agosto y ahora estas ocho. El total asciende a 38 identidades recuperadas desde el inicio de las excavaciones en Loma del Torito.

Durante la presentación del 23 de octubre también se recordó el caso de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, cuya identificación ya había sido anunciada en agosto. Tenía 22 años, estudiaba Psicología, trabajaba en IKA-Renault y fue secuestrado en mayo de 1976. Su caso forma parte de esas 38 identificaciones, pero no de las ocho anunciadas ahora.

Todavía quedan restos por identificar. Por eso las muestras genéticas de los familiares siguen siendo esenciales: sin material de comparación, un fragmento humano puede revelar edad, sexo aproximado o lesiones, pero no necesariamente devolver un nombre.

La Perla, uno de los grandes centros clandestinos de Argentina

La Perla funcionó en terrenos militares de Córdoba desde 1976 hasta finales de 1978 y fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura argentina. Las estimaciones oficiales sitúan entre 2.200 y 2.500 el número de personas que permanecieron allí detenidas y desaparecidas.

Dependía del Tercer Cuerpo de Ejército y se convirtió en uno de los principales engranajes de la represión en el interior del país. Sobrevivientes y procesos judiciales posteriores permitieron reconstruir durante décadas lo ocurrido entre aquellos muros: secuestros, interrogatorios bajo tortura, ejecuciones y enterramientos clandestinos.

La megacausa judicial conocida como La Perla-La Ribera terminó en 2016 con numerosas condenas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, una cuestión permanecía abierta para muchas familias: saber dónde habían acabado los cuerpos. Los testimonios podían demostrar un secuestro o el paso de una persona por el centro clandestino; encontrar e identificar los restos significaba ir un paso más allá.

La genética devuelve lo que la dictadura quiso hacer desaparecer

Las ocho identificaciones tienen una dimensión familiar evidente, pero también una consecuencia judicial. La desaparición forzada se considera un delito permanente mientras continúe sin conocerse el destino de la víctima. Encontrar sus restos permite establecer una parte decisiva de lo sucedido y añadir evidencia material a hechos reconstruidos durante décadas mediante documentos y testimonios.

Hay algo casi brutal en la escala de este trabajo: miles de metros cuadrados de terreno, tierra removida, huesos mezclados y familias que han envejecido esperando. Frente a eso, un metacarpo, un fragmento de pie o unas pocas piezas óseas pueden bastar para romper medio siglo de incertidumbre.

Ocho identidades frente a medio siglo de silencio

Eso es, en esencia, lo ocurrido en Córdoba. Ocho desaparecidos tienen de nuevo nombre y destino conocido. No borra lo sucedido, ni devuelve los años perdidos, ni resuelve todas las desapariciones pendientes. Pero desmonta, fragmento a fragmento, aquel viejo propósito de hacer desaparecer también las pruebas. La excavación continúa. Y debajo de esa tierra todavía quedan historias esperando identidad.