Los bots acapararon el 76 % de una consulta británica sobre vapeo

Una consulta pública del Gobierno británico sobre las restricciones al vapeo recibió 90.835 respuestas fraudulentas enviadas por bots, prácticamente todas contrarias a limitar la venta de cigarrillos electrónicos desechables. Representaban el 76 % de las 118.756 participaciones registradas. Es decir, tres de cada cuatro respuestas no procedían de ciudadanos que hubieran expresado personalmente su opinión, sino de programas informáticos.

El intento de manipulación se produjo en 2023, pero un estudio publicado el 27 de octubre de 2026 en la revista científica Tobacco Control, perteneciente al grupo editorial BMJ, ha examinado sus dimensiones y consecuencias. La investigación revela hasta qué punto una campaña automatizada puede fabricar una aparente mayoría social. Afortunadamente, las respuestas falsas fueron detectadas y excluidas, por lo que no determinaron la decisión del Gobierno británico.

De hecho, los resultados cambiaban radicalmente al eliminar los registros fraudulentos: el 79,6 % de las respuestas válidas a la pregunta sobre posibles restricciones apoyaba limitar la comercialización de los vapeadores desechables. En otra pregunta, el 69 % respaldaba directamente prohibir su venta y suministro.

La investigación, realizada por Nason Maani, de la Universidad de Edimburgo, y Anna Gilmore, de la Universidad de Bath, documenta lo que sus autores consideran el primer caso conocido de interferencia automatizada masiva en una consulta formal sobre políticas de salud pública.

Lo ocurrido plantea un problema que trasciende el debate sobre los cigarrillos electrónicos. Los gobiernos utilizan cada vez más plataformas digitales para conocer las opiniones de ciudadanos, asociaciones y empresas antes de aprobar determinadas medidas. Pero cuando un programa puede presentar decenas de miles de respuestas, la cantidad deja de ser una medida fiable de la participación.

Y conviene recordar algo: una consulta pública no es un referéndum. Su finalidad es recoger argumentos y aportaciones para orientar las decisiones políticas, no sustituirlas por un simple recuento de votos.

Más de 90.000 respuestas para aparentar una oposición mayoritaria

La consulta británica se desarrolló entre el 12 de octubre y el 6 de diciembre de 2023, durante el Gobierno conservador de Rishi Sunak. Formaba parte de una iniciativa destinada a crear una generación libre de tabaco y reducir el consumo de cigarrillos electrónicos entre los menores.

Entre las propuestas figuraban restringir o prohibir los vapeadores de un solo uso, productos especialmente populares entre los jóvenes por su precio, disponibilidad y facilidad de utilización. También preocupaba su impacto ambiental, ya que incorporan baterías de litio, componentes electrónicos y materiales plásticos que generan residuos difíciles de gestionar.

La participación parecía extraordinaria: 118.756 respuestas en apenas ocho semanas. Sin embargo, los controles del Departamento de Salud y Atención Social identificaron 90.835 registros fraudulentos. Solo 27.921 respuestas superaron el proceso de filtrado.

El dato más revelador estaba en la orientación de las participaciones sospechosas. Prácticamente todas se concentraban en una misma cuestión y rechazaban las restricciones a la venta de dispositivos desechables.

Según los investigadores, esa coincidencia masiva apunta a una campaña coordinada para alterar la percepción del apoyo público a las medidas. No se trataba simplemente de ciudadanos con opiniones similares, sino de una actividad automatizada con características incompatibles con una participación ordinaria.

Cómo detectó el Gobierno británico las respuestas falsas

La identificación de los bots no dependió únicamente de comprobar si sus respuestas parecían artificiales. Los técnicos detectaron anomalías en el funcionamiento de los cuestionarios.

El informe oficial explica que algunas participaciones contenían datos incompatibles con el recorrido que debía seguir una persona al completar el formulario. También aparecían respuestas repetidas numerosas veces, envíos realizados con una frecuencia extraordinariamente elevada y actividad concentrada en un número reducido de direcciones IP.

Estas señales permitieron reconocer una operación automatizada de gran magnitud.

Hay un matiz importante respecto al papel de la inteligencia artificial. Aunque el episodio se ha presentado como un ataque de bots de IA, la documentación disponible no demuestra que se utilizaran modelos de lenguaje para redactar miles de argumentos originales. Las participaciones fraudulentas se concentraban en respuestas de opción múltiple.

No hacía falta desarrollar grandes discursos para intentar manipular la consulta. Bastaba con seleccionar reiteradamente determinadas opciones y multiplicar los envíos mediante programas informáticos.

El estudio tampoco supone una auditoría independiente de todos los registros originales. Sus autores trabajaron con documentación pública y respuestas obtenidas mediante solicitudes de acceso a información oficial. No pudieron verificar directamente todos los métodos utilizados por el ministerio para identificar los bots, porque esa información técnica no estaba disponible.

La cifra de 90.835 participaciones fraudulentas, por tanto, procede de la clasificación realizada por las propias autoridades británicas, que ya habían recogido el problema en su informe oficial. La nueva investigación examina su alcance y sus implicaciones para las consultas públicas.

El verdadero resultado de la consulta sobre los vapeadores

La diferencia entre las respuestas recibidas y las consideradas válidas resulta fundamental para comprender la gravedad del intento de manipulación.

Si las más de 90.000 participaciones automatizadas se hubieran incorporado al análisis sin controles, habrían creado una impresión completamente distinta sobre el respaldo a las restricciones.

Pero los datos depurados mostraron una realidad opuesta. Entre quienes respondieron válidamente a la pregunta sobre limitar la venta y el suministro de vapeadores desechables, el 79,6 % estaba a favor, frente al 18 % que se oponía. El 2,4 % restante no manifestó una posición definida.

En la cuestión específica sobre convertir esas restricciones en una prohibición de venta y suministro, el 69 % apoyaba la medida, mientras que el 26,2 % la rechazaba y el 4,9 % no tenía una opinión clara.

Son dos preguntas diferentes y, por eso, sus porcentajes no deben confundirse. Apoyar determinadas restricciones no equivale necesariamente a respaldar una prohibición completa.

Tampoco significa que esos porcentajes representen exactamente la opinión de toda la población británica. Una consulta abierta recoge la posición de quienes deciden participar; no utiliza necesariamente una muestra estadística representativa.

Precisamente por eso, la incorporación de miles de registros artificiales resulta tan problemática. Puede convertir un mecanismo destinado a escuchar opiniones en una herramienta para simular un respaldo o rechazo social que no existe en esas proporciones.

Nadie ha podido identificar a los responsables de la campaña

Una de las principales incógnitas sigue sin resolverse: quién organizó el envío masivo de respuestas.

Los investigadores consideran que el volumen de participaciones y su extraordinaria coincidencia en el rechazo a las restricciones son compatibles con una operación coordinada. Sin embargo, no han podido establecer quién la financió, dirigió o ejecutó.

Tampoco existe información suficiente para atribuir una motivación comercial concreta a sus responsables.

El estudio recuerda que determinadas compañías tabaqueras han utilizado anteriormente campañas de participación masiva para influir en procesos regulatorios. Entre los antecedentes figuran iniciativas coordinadas para movilizar respuestas favorables a sus intereses durante consultas sobre políticas antitabaco.

Pero una cosa son esos precedentes y otra demostrar la responsabilidad de una empresa en este episodio. No hay pruebas que permitan atribuir el ataque a la industria tabaquera, y los autores reconocen expresamente esa limitación.

La investigación sitúa el problema en un contexto más amplio: la capacidad de actores con suficientes recursos tecnológicos para intervenir en procesos aparentemente abiertos y participativos.

Una organización no necesita convencer a miles de ciudadanos si puede fabricar miles de participaciones automatizadas. La apariencia de una movilización popular puede construirse artificialmente, aunque detrás exista un número muy reducido de operadores.

Ese riesgo preocupa especialmente cuando las decisiones afectan a sectores económicos con importantes intereses comerciales.

El precedente que preocupa a los expertos

La investigación plantea que las consultas públicas pueden convertirse en objetivos atractivos para quienes pretendan alterar decisiones regulatorias.

En este caso, las irregularidades fueron detectadas. Pero los propios investigadores advierten de que los sistemas automatizados serán cada vez más difíciles de identificar conforme mejoren las herramientas disponibles.

Una campaña que genere respuestas variadas, respete el funcionamiento del formulario y distribuya los envíos entre numerosos equipos podría presentar menos señales evidentes que las observadas en 2023.

También existe una dificultad añadida: los controles demasiado estrictos pueden complicar la participación legítima de los ciudadanos. Exigir comprobaciones de identidad, introducir filtros automáticos o limitar los envíos puede reducir el fraude, pero también crear obstáculos para quienes simplemente quieren expresar su opinión.

No existe una solución universal. El desafío consiste en mejorar los mecanismos de detección sin convertir las consultas públicas en procedimientos inaccesibles.

Reino Unido prohibió los vapeadores desechables pese al ataque

El intento de manipulación no consiguió impedir las restricciones.

El 1 de junio de 2025 entró en vigor en todo el Reino Unido la prohibición de vender o suministrar vapeadores de un solo uso, tanto en establecimientos físicos como por internet. La medida afecta a los dispositivos desechables con nicotina y también a los que no la contienen.

La normativa no prohíbe todos los cigarrillos electrónicos. Los establecimientos pueden seguir comercializando dispositivos reutilizables que cumplan los requisitos legales, incluidos los relativos a la recarga de la batería y la reposición del líquido.

La prohibición de los desechables respondió a dos preocupaciones principales: reducir los residuos electrónicos generados por estos productos y limitar su atractivo para niños y adolescentes.

Posteriormente, el Reino Unido aprobó una reforma más amplia de su legislación antitabaco. La Tobacco and Vapes Act recibió la sanción real el 29 de abril de 2026 e introdujo, entre otras disposiciones, la prohibición de vender productos de tabaco a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009.

Conviene distinguir ambas medidas: la prohibición de los vapeadores desechables ya estaba vigente desde 2025, mientras que la ley de 2026 estableció un marco regulatorio más amplio para el tabaco y otros productos relacionados.

El Departamento de Salud británico sostiene que sus sistemas de control funcionaron correctamente durante la consulta de 2023. Las respuestas fraudulentas se retiraron antes de elaborar el análisis que sirvió para orientar las decisiones posteriores.

Es una diferencia decisiva. Los bots alteraron el volumen y la composición de las respuestas recibidas, pero no lograron cambiar el resultado regulatorio.

El riesgo de que miles de bots se hagan pasar por ciudadanos

El caso británico deja una advertencia incómoda para las administraciones públicas: abrir un formulario en internet no garantiza una participación democrática auténtica.

La tecnología facilita que más personas puedan intervenir en los asuntos públicos, presentar propuestas o expresar desacuerdos. Es un avance importante. Pero esa misma facilidad permite automatizar respuestas a una escala que resultaría imposible mediante una movilización humana convencional.

La diferencia ya no depende únicamente de cuántas personas participan, sino de cuántas participaciones corresponden realmente a personas distintas y de qué garantías existen para detectar operaciones organizadas.

El estudio de Maani y Gilmore señala especialmente la vulnerabilidad de los organismos con menos recursos técnicos. Una gran administración puede disponer de especialistas capaces de detectar anomalías, mientras que otras instituciones quizá carezcan de herramientas suficientes para identificar campañas similares.

Los autores reclaman reforzar tanto la capacidad tecnológica de detección como las garantías institucionales que protegen la integridad de las consultas.

No se trata de considerar sospechosa cualquier movilización colectiva. Las asociaciones ciudadanas, las organizaciones sociales y los colectivos profesionales tienen pleno derecho a organizarse y defender sus intereses ante los gobiernos. La participación coordinada es legítima; la suplantación automatizada de miles de participantes, no.

La consulta británica sobre el vapeo consiguió filtrar las respuestas fraudulentas. Esa es la buena noticia. La menos tranquilizadora es que una operación de semejante magnitud pudo desarrollarse sobre un procedimiento oficial destinado a recoger la opinión pública.

Y la siguiente campaña podría no repetir los errores que permitieron detectar esta.