Elecciones 29N: quiénes forman las nueve coaliciones y qué buscan

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ya tienen dibujada una parte esencial de su mapa político. Nueve coaliciones se han registrado ante la Junta Electoral Central (JEC), desde el amplio espacio de izquierdas reunido alrededor de Frente Amplio hasta la nueva apuesta de Democracia21, pasando por acuerdos diseñados expresamente para el Senado y alianzas territoriales en Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra.

No es un simple catálogo de siglas. Detrás de las nueve coaliciones del 29N hay estrategias muy diferentes para evitar la dispersión del voto, arañar escaños allí donde unas décimas pueden resultar decisivas y aumentar el peso de cada espacio político en Madrid. La fotografía deja además una peculiaridad: partidos incapaces de pactar en toda España sí han conseguido ponerse de acuerdo en determinados territorios o para una cámara concreta.

El dato resume bastante bien el tablero con el que España llegará a las urnas. Frente Amplio y Podemos no han conseguido cerrar una candidatura estatal conjunta, aunque sí comparten papeleta en algunos territorios. PSOE y buena parte de la izquierda alternativa han encontrado en el Senado un terreno para cooperar, mientras las fuerzas nacionalistas y regionalistas hacen sus propias cuentas. Y Democracia21 intenta abrir espacio entre los grandes bloques con una candidatura concentrada en Madrid y Barcelona.

Frente Amplio reúne la coalición más numerosa del 29N

Frente Amplio es, por número de organizaciones, la mayor de las coaliciones registradas. La integran Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Catalunya en Comú, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Izquierda Asturiana, Recortes Cero, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Iniciativa del Pueblo Andalucía, Verdes Equo y Somos Partido Progresista.

La candidatura pretende ocupar un espacio amplio a la izquierda del PSOE, reuniendo fuerzas estatales, autonómicas y ecologistas bajo una fórmula común. Ada Colau aparece como una de sus principales referencias políticas, mientras la candidatura adapta su denominación y composición a determinadas realidades territoriales. No se trata, por tanto, de una papeleta completamente idéntica en cada circunscripción.

Su programa sitúa entre las prioridades la vivienda, los servicios públicos, los salarios y la transición ecológica, además de una agenda de igualdad y derechos sociales. Frente Amplio pretende movilizar al electorado progresista que considera insuficiente la acción del PSOE, pero también presentarse como una barrera ante una eventual mayoría de PP y Vox.

Podemos queda fuera del acuerdo estatal, pero no de todos los pactos

La gran ausencia en la coalición estatal es Podemos. Las negociaciones con el resto de la izquierda no terminaron en un acuerdo general para compartir candidatura en las principales circunscripciones. La consecuencia es una izquierda alternativa que cooperará en determinados lugares y competirá en otros, una geometría electoral bastante menos elegante sobre el papel que en los discursos.

La ruptura estatal, sin embargo, no ha impedido alcanzar acuerdos territoriales. Canarias y la Comunidad Valenciana son los ejemplos más claros: allí Podemos sí comparte espacio electoral con fuerzas vinculadas a Sumar, Izquierda Unida y organizaciones regionales. El 29N dibuja así una izquierda a varias velocidades, unida donde ha sido posible y separada donde las negociaciones encallaron.

Senado de Progreso une al PSOE con la izquierda alternativa

Una de las operaciones políticamente más relevantes es Senado de Progreso (SDP). La coalición está integrada por PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. No pretende construir una nueva identidad política nacional, sino aprovechar mejor el sistema electoral de la Cámara Alta y reducir el castigo derivado de dividir el voto progresista.

La razón está en cómo se elige buena parte del Senado. En las provincias peninsulares ordinarias se reparten cuatro escaños y cada elector puede marcar hasta tres candidatos. El sistema favorece a las formaciones capaces de concentrar apoyos y puede transformar una ventaja relativamente pequeña en votos en una diferencia mucho mayor de senadores.

Senado de Progreso busca precisamente evitar que la dispersión entre PSOE y otras fuerzas de izquierda facilite al Partido Popular una ventaja desproporcionada en la Cámara Alta. El pacto alcanza numerosas circunscripciones, aunque deja espacio para fórmulas específicas allí donde las condiciones políticas territoriales son diferentes.

Conviene no confundir esta alianza con una coalición de Gobierno anticipada. Los partidos mantienen sus programas, direcciones y candidaturas propias en otros ámbitos. Aquí domina la aritmética electoral: sumar votos en una papeleta donde competir por separado puede resultar particularmente caro.

Democracia21 intenta recuperar un espacio liberal de centro

La otra gran novedad es Democracia21, el proyecto impulsado por la abogada Miriam González Durántez, al que se han incorporado Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). La coalición concentrará inicialmente su presencia en el Congreso en Madrid y Barcelona, dos de las circunscripciones que reparten más diputados.

La participación de Ciudadanos añade interés a la operación. La formación naranja renunció a presentarse a las elecciones generales de 2023 después de su desplome electoral, aunque continuó existiendo como partido. Su incorporación a Democracia21 supone un intento de reconstruir parte del espacio liberal y centrista que quedó prácticamente vacío tras aquella caída.

El proyecto de Miriam González pone el acento en la regeneración institucional, la profesionalización de la Administración, la transparencia, el apoyo a pymes y autónomos y la modernización del Estado. También ha situado la vivienda, la movilidad social y la inmigración entre sus ejes políticos, tratando de diferenciarse tanto de la izquierda como de la derecha tradicional.

Su principal incógnita será comprobar si esa oferta encuentra suficiente electorado. Presentarse únicamente en grandes circunscripciones concentra recursos y evita una campaña estatal costosísima, pero obliga a obtener un respaldo significativo. Madrid y Barcelona ofrecen más escaños, sí, aunque precisamente por eso concentran también una competencia política feroz.

Canarias y Valencia logran acuerdos que no fueron posibles en toda España

Las negociaciones territoriales han producido una fotografía distinta. En Canarias aparece Unidad del Pueblo Canario (UPC), formada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida Canaria. La coalición concurrirá al Congreso y al Senado con un programa que combina reivindicaciones propias del archipiélago con propuestas sociales de ámbito estatal.

Entre sus prioridades figuran el acceso a la vivienda, los servicios públicos, los salarios, la igualdad, la protección del territorio y la defensa de los intereses específicos de Canarias. Lo políticamente llamativo está en los nombres: Podemos y Sumar, incapaces de cerrar un pacto general, sí compartirán papeleta en las islas junto con fuerzas canaristas.

En el otro espacio político canario se encuentra Coalición Canaria-Municipalistas Primero. La alianza reúne a Coalición Canaria y Municipalistas Primero y concurre al Congreso por Canarias y al Senado en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y La Gomera. Su apuesta pasa por aumentar el peso del archipiélago en las Cortes y defender cuestiones como la financiación autonómica, el Régimen Económico y Fiscal, las infraestructuras y el autogobierno.

Compromís-Front Valencià amplía la alianza de izquierdas

En la Comunidad Valenciana se ha registrado Compromís-Front Valencià, una candidatura que reúne a Més-Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, Coalició Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià y Recortes Cero.

El objetivo inmediato es reducir la fragmentación de la izquierda y evitar que varias candidaturas compitiendo por separado pierdan representación en el Congreso. Compromís aporta su implantación territorial y su perfil valencianista; Podemos y Esquerra Unida incorporan sus respectivos espacios electorales, mientras el resto de organizaciones amplían una candidatura que combina reivindicaciones sociales con la defensa de los intereses valencianos ante el Estado.

La vivienda, los servicios públicos, la financiación y las políticas sociales forman parte del terreno común de una coalición que demuestra hasta qué punto el mapa territorial ha condicionado los pactos del 29N. Lo que no funcionó como acuerdo estatal sí ha podido cerrarse en Valencia.

Aragón, Cataluña y Euskadi completan el puzle de coaliciones

Coalición Existe reúne a Teruel Existe y Aragón Existe para concurrir al Congreso y al Senado. Su proyecto está ligado a las reivindicaciones de la España interior y a la denuncia de las desigualdades territoriales, con especial énfasis en infraestructuras, servicios públicos, despoblación y financiación.

La candidatura intenta consolidar el espacio abierto en los últimos años por Teruel Existe, presentándose como una alternativa aragonesa independiente de las grandes direcciones nacionales. Su discurso gira alrededor de una idea sencilla: que vivir lejos de las grandes capitales no implique disponer de peores comunicaciones, oportunidades laborales o servicios públicos.

En Cataluña se ha registrado también Comuns-Front Ampli per la Democràcia para el Senado, integrado por Catalunya en Comú y Comuns. Es una fórmula vinculada al espacio de Frente Amplio, pero adaptada al escenario catalán y a una Cámara donde los acuerdos territoriales pueden resultar especialmente importantes.

Los Comuns mantienen una agenda de izquierda catalana, defensa de los servicios públicos, políticas de vivienda y reconocimiento de la pluralidad territorial del Estado. La coalición pretende asimismo evitar que la fragmentación reduzca su capacidad de representación en la Cámara Alta.

La novena alianza vuelve a reunir a Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu para el Senado. ERC y EH Bildu concurrirán conjuntamente en Cataluña, País Vasco y Navarra, prolongando una cooperación electoral que ambas organizaciones ya han utilizado anteriormente para aumentar su presencia en la Cámara Alta.

Las dos formaciones defienden esta coalición como una herramienta para reforzar los derechos nacionales de Cataluña y Euskal Herria, ampliar derechos sociales y aumentar la representación de la izquierda soberanista. No supone una fusión política: ERC y EH Bildu conservan sus estructuras, programas y estrategias propias.

El 29N deja un tablero político mucho más fragmentado de lo que parece

Las nueve coaliciones registradas enseñan algo más que una colección de pactos electorales. España llega al 29N con dos movimientos aparentemente contradictorios: fragmentación entre partidos que compiten por espacios similares y concentración allí donde las matemáticas electorales hacen especialmente perjudicial acudir separados.

Frente Amplio intenta reconstruir un gran espacio a la izquierda del PSOE sin contar con Podemos a escala estatal; Senado de Progreso reúne a fuerzas que competirán entre sí en otras urnas; Democracia21 busca recuperar un centro liberal prácticamente desaparecido del Congreso; Canarias y Valencia han logrado pactos imposibles de reproducir en todo el país, mientras Aragón, Cataluña y Euskadi mantienen dinámicas políticas propias.

Hay otro matiz importante. Registrar una coalición ante la JEC significa formalizar jurídicamente el acuerdo entre los partidos, su denominación y sus mecanismos de representación, pero no equivale a tener definitivamente cerradas todas las candidaturas. La presentación y posterior proclamación de las listas completa después ese proceso electoral.

Las nueve alianzas permiten, en cualquier caso, leer ya buena parte de la batalla del 29N. Unas buscan sumar votos para no perder diputados, otras quieren conquistar senadores y algunas pretenden convertir las reivindicaciones territoriales en poder parlamentario. Bajo la maraña de siglas aparece una lógica bastante reconocible: en unas elecciones ajustadas, cada voto que se dispersa puede terminar pesando mucho más de lo que parece.