El PP plantea vender acciones de Telefónica y Talgo y mantener Indra

El Partido Popular prepara un cambio de rumbo en la política empresarial del Estado si Alberto Núñez Feijóo logra gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La idea que gana peso en el área económica del partido pasa por reducir las participaciones públicas en compañías privadas que operan en mercados competitivos, una revisión que coloca especialmente bajo el foco a Telefónica y Talgo. No sería, sin embargo, una retirada general del Estado de las grandes empresas españolas.

El criterio que maneja la dirección económica popular introduce una frontera bastante clara: allí donde existe competencia privada suficiente, la presencia accionarial de la Administración debería ser excepcional; allí donde entran en juego la defensa, la seguridad nacional o los servicios públicos esenciales, el Estado podría seguir sentado en el consejo. Así se entiende que Indra, Redeia o Enagás aparezcan en una categoría distinta.

No hay, conviene subrayarlo, una orden de venta firmada ni un calendario cerrado. La decisión definitiva sobre cada participación pública tendría que adoptarse después y dependería tanto del programa electoral como de las circunstancias del mercado. Esa diferencia no es menor: una cosa es fijar una doctrina económica y otra poner varios cientos o miles de millones de euros en acciones en el escaparate.

Telefónica y Talgo, las participaciones bajo mayor presión

Telefónica es el caso políticamente más visible. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, controla un 10% de la operadora después de que el Estado reconstruyera su posición accionarial durante 2024, tras décadas fuera de su capital. La operación permitió adquirir 567 millones de acciones por alrededor de 2.292 millones de euros.

La entrada fue defendida por el Gobierno como una forma de proteger una compañía considerada estratégica para las telecomunicaciones, la conectividad y la seguridad económica española. Para el PP, sin embargo, que una empresa sea importante no convierte automáticamente en imprescindible la presencia directa del Estado como accionista. Ahí está el fondo del debate sobre Telefónica.

La operadora gestiona infraestructuras sensibles y presta servicios esenciales, pero también compite con otros grupos privados. El razonamiento liberal que se abre paso en el PP sostiene que el Estado dispone de regulación, mecanismos de control sobre inversiones extranjeras, normas de seguridad nacional y capacidad supervisora sin necesidad de conservar indefinidamente un paquete accionarial.

Con Talgo ocurre algo parecido, aunque a menor escala. La SEPI entró en el fabricante ferroviario en diciembre de 2025 mediante una inversión formada por 45 millones de euros en capital y otros 30 millones en obligaciones convertibles, hasta alcanzar aproximadamente un 7,8% de la compañía.

Talgo fabrica trenes, conserva tecnología industrial de interés y forma parte de una cadena productiva que cualquier Gobierno querría mantener vinculada a España. Pero opera también en un mercado empresarial competitivo. Esa aparente contradicción —empresa estratégica, sí; empresa necesariamente participada por el Estado, no siempre— concentra buena parte de la discusión.

Una venta no tendría por qué ser inmediata

Una eventual victoria popular tampoco implicaría pulsar el botón de venta al día siguiente de entrar en La Moncloa. El precio de mercado, la estabilidad accionarial, la identidad de los compradores y el impacto sobre los planes industriales pesarían mucho. En compañías de este tamaño, una desinversión mal diseñada puede terminar costando bastante más de lo que parecía ahorrar.

Dentro del propio espacio económico del PP pueden convivir dos preocupaciones: reducir la presencia pública allí donde se considera innecesaria y, al mismo tiempo, evitar que una salida precipitada debilite empresas con fuerte peso industrial. Antes de vender, por tanto, entrarían en juego la gobernanza, el valor de las acciones y los planes empresariales.

Indra queda al otro lado de la línea

La fotografía cambia con Indra. La SEPI posee alrededor del 27,99% de la tecnológica y es su principal accionista. Defensa, radares, sistemas electrónicos, mando y control, ciberseguridad y tecnologías de uso dual forman parte del corazón del negocio. En plena reconfiguración de la defensa europea, vender esa posición plantea interrogantes bastante distintos a los de una operadora comercial.

Todo apunta por ello a que un eventual Ejecutivo del PP mantendría el peso público en Indra mientras la compañía conserve su papel central en la construcción de una gran plataforma española de defensa y tecnología. La paradoja política es evidente: un partido partidario de adelgazar la presencia estatal puede terminar defendiendo que el Estado siga siendo el accionista dominante de una de las tecnológicas más relevantes del país.

Y no es una contradicción tan extraña como parece. La seguridad económica europea ha dejado de contemplar sectores como los semiconductores, las telecomunicaciones, la energía o la defensa como mercados corrientes. La autonomía estratégica, las cadenas de suministro y la capacidad industrial propia pesan cada vez más en las decisiones públicas.

Redeia y Enagás juegan con reglas diferentes

El mismo razonamiento protege, en principio, la presencia estatal en las grandes redes energéticas. La SEPI conserva un 20% de Redeia, matriz de Red Eléctrica, y un 5% de Enagás. No son participaciones fácilmente comparables con Telefónica porque ambas compañías ocupan posiciones centrales en infraestructuras cuya continuidad afecta directamente al funcionamiento del país.

Red Eléctrica opera la red de transporte eléctrico y Enagás desempeña funciones esenciales en el sistema gasista. Sus acciones cotizan y el mercado les pone precio cada día, sí, pero una red de alta tensión o una infraestructura troncal de gas no funcionan como un negocio convencional con varios competidores intercambiables. Ese matiz permite al PP defender menos Estado en unas empresas sin comprometerse a abandonar todas.

La SEPI concentra mucho más poder empresarial de lo que parece

El debate va bastante más allá de tres compañías. La cartera de la SEPI incluye participaciones del 10% en Telefónica, 27,99% en Indra, 20% en Redeia, 7,8% en Talgo, 5% en Enagás, 4,12% en Airbus, 2,52% en IAG y 10,36% en Ebro Foods, además de empresas controladas directamente por el sector público como Navantia, Correos o Tragsa.

No todas esas sociedades pueden meterse en el mismo saco. Ese será uno de los asuntos incómodos si el PP convierte su planteamiento político en un programa concreto. La frase de sacar al Estado de la empresa privada suena sencilla hasta que aparecen los contratos de defensa, las redes críticas, la soberanía tecnológica, los puestos de trabajo, los accionistas minoritarios y, claro, las cuentas.

También aparece el dinero. Las participaciones minoritarias de la SEPI generan dividendos y resultados patrimoniales para el Estado. Vender puede producir ingresos extraordinarios inmediatos, pero supone renunciar a dividendos futuros y también a una capacidad de influencia empresarial que, una vez perdida, no siempre resulta fácil recuperar.

El choque de fondo: accionista o árbitro del mercado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido durante estos años un Estado más presente en sectores considerados estratégicos. La SEPI reforzó su posición en algunas grandes cotizadas y la entrada en Telefónica se convirtió probablemente en el símbolo más claro de esa política.

El PP propone darle la vuelta al enfoque. Su tesis es que el Estado debería concentrar su capital en actividades donde exista un interés público difícil de proteger únicamente mediante regulación, evitando actuar como accionista en sectores en los que ya existe un mercado privado suficientemente desarrollado.

La discusión no enfrenta, por tanto, a quienes quieren empresas estratégicas y quienes no. Todos quieren protegerlas. Lo que cambia es el instrumento. El actual modelo ha recurrido con mayor intensidad a la participación accionarial; los populares sostienen que en determinados casos bastan las reglas, la supervisión y los mecanismos de protección frente a inversiones que puedan afectar a intereses nacionales.

Son dos recetas para un mismo temor: que determinadas decisiones empresariales especialmente delicadas terminen tomándose lejos de España o sin capacidad suficiente de reacción pública. Ahí la vieja discusión entre Estado y mercado deja de ser una cuestión puramente ideológica y se mezcla con la geopolítica.

Una promesa electoral que todavía necesita letra pequeña

Hay un elemento esencial antes de presentar estas ventas como un hecho consumado. El planteamiento del PP sigue necesitando una concreción definitiva en su programa electoral y, posteriormente, en las decisiones que adoptaría un eventual Gobierno de Feijóo. La orientación política es clara; el calendario y el diseño exacto de cada operación, no.

Eso obliga a distinguir entre una línea económica y un compromiso ejecutivo. Telefónica y Talgo están en el centro de la revisión; Indra, Redeia y Enagás cuentan con argumentos estratégicos mucho más sólidos para conservar participación pública. La arquitectura final dependerá del resultado electoral y, llegado el caso, de las decisiones del Consejo de Ministros.

También dependerá del mercado. Una venta pública de acciones exige escoger momento, procedimiento y precio. Cuando hablamos del patrimonio del Estado, malvender por coherencia ideológica sería tan discutible como comprar caro por entusiasmo intervencionista. El contribuyente está a ambos lados de la operación, un detalle que suele perder brillo cuando empieza el combate partidista.

Menos Estado, pero no en todas partes

La propuesta que toma forma en el PP no dibuja una privatización general al estilo de los años noventa. Es bastante más selectiva: retirada donde existe competencia privada y permanencia en sectores ligados a defensa, seguridad nacional e infraestructuras esenciales. Telefónica y Talgo encajan en el primer examen; Indra y las grandes redes energéticas, en el segundo.

La batalla económica del 29N recupera así una cuestión que parecía casi arqueológica y que ha regresado con otra ropa: hasta dónde debe llegar el Estado dentro de las empresas. La diferencia es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de eficiencia, beneficios y dividendos. En la mesa están también la tecnología, la energía, los trenes, las telecomunicaciones y la seguridad nacional.

Y ahí desaparecen bastantes certezas. Vender una participación es fácil de resumir en un titular; decidir qué compañías son realmente estratégicas para España exige algo más incómodo: elegir dónde termina el mercado y dónde empieza el interés público.