Vox se querella contra Óscar Puente por homicidio imprudente en Urda

Vox ha presentado este jueves, 29 de octubre, una querella ante el Tribunal Supremo contra Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave relacionados con el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos. La formación de Santiago Abascal plantea también la posible responsabilidad penal del ministro mediante la figura jurídica de la comisión por omisión.

La iniciativa supone un nuevo paso en la ofensiva judicial de Vox tras el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ocurrido el miércoles 28 de octubre. El partido ya había presentado una primera querella contra responsables de Adif, pero esta segunda acción se dirige directamente contra el titular de Transportes y se tramita ante el Supremo debido a su condición de miembro del Gobierno.

La presentación de la querella no significa que Óscar Puente esté investigado judicialmente ni que se haya acreditado responsabilidad penal alguna. Corresponde al Tribunal Supremo examinar el escrito y determinar si existen elementos suficientes para admitirlo y abrir una investigación contra el ministro.

El movimiento judicial llega mientras continúan las labores de identificación de víctimas y las investigaciones sobre las circunstancias del accidente. La principal atención se concentra en el fallo de un sistema de seguridad ferroviaria y en las decisiones adoptadas desde el centro de control de Adif en Madrid antes de que se produjera la colisión.

Qué denuncia Vox contra Óscar Puente por el accidente de Urda

La querella presentada por Vox atribuye al ministro una posible responsabilidad por homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave, en relación con las 69 muertes confirmadas y los numerosos heridos que ha provocado la tragedia.

La acusación incorpora la figura de la comisión por omisión, un mecanismo contemplado en el Código Penal que permite exigir responsabilidades por determinados resultados cuando una persona incumple una obligación jurídica específica de impedirlos.

El planteamiento introduce una cuestión distinta de la posible responsabilidad de los operadores ferroviarios. No se trata únicamente de investigar quién autorizó la circulación de los trenes, sino de determinar si existieron incumplimientos relevantes en los niveles superiores de responsabilidad y si pueden atribuirse penalmente al ministro.

Esa atribución, sin embargo, exige pruebas. La responsabilidad política por el funcionamiento de un servicio público no equivale automáticamente a responsabilidad penal por un accidente. Para sostener una acusación de homicidio imprudente es necesario demostrar una infracción grave del deber de cuidado y su relación con el resultado mortal.

Por qué Vox recurre a la comisión por omisión

El artículo 11 del Código Penal establece que determinados delitos pueden cometerse por omisión cuando una persona, estando jurídicamente obligada a actuar, no evita un resultado que tenía el deber de impedir.

Esta responsabilidad puede existir cuando hay una obligación legal o contractual específica de intervenir o cuando una actuación previa ha generado una situación de riesgo. No basta, por tanto, con ocupar un cargo público de responsabilidad.

En el caso de Óscar Puente, la cuestión será determinar si existía un deber jurídico concreto de actuación, si se incumplió gravemente y si ese incumplimiento contribuyó causalmente al accidente.

El homicidio por imprudencia grave está regulado en el artículo 142 del Código Penal, mientras que las lesiones imprudentes aparecen recogidas en el artículo 152.

La diferencia resulta esencial: una gestión discutible, una decisión política controvertida o un fallo administrativo no constituyen necesariamente un delito. El derecho penal exige acreditar una conducta punible atribuible a una persona determinada.

El accidente de Urda y las decisiones que están bajo investigación

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8.53 horas, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo.

Un AVE de Renfe que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla alcanzó por detrás a un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía. La violencia del impacto provocó graves daños en los convoyes y el descarrilamiento de varios coches.

El balance de fallecidos se ha elevado este jueves a 69 víctimas mortales, según confirmó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Los equipos de emergencia y los especialistas forenses continúan trabajando en las consecuencias de una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el fallo previo del sistema LZB, utilizado para supervisar y proteger la circulación de trenes en determinados tramos de alta velocidad.

Tras esa incidencia, la circulación pasó a desarrollarse bajo procedimientos alternativos de seguridad. La investigación deberá establecer cómo se aplicaron esas medidas y qué información tenían los responsables del tráfico ferroviario.

Las órdenes del centro de control de Adif

Óscar Puente explicó el miércoles que el centro de control de Adif situado en Atocha había autorizado la reanudación de la marcha de distintos trenes afectados por la incidencia.

El ministro calificó de «inexplicable» que se hubiera permitido continuar al AVE que posteriormente chocó con el convoy de Iryo cuando existía una indicación de ocupación de la vía.

Estas declaraciones han situado las decisiones operativas del puesto de mando en el centro de las pesquisas, aunque todavía debe reconstruirse toda la secuencia de comunicaciones y comprobarse qué instrucciones recibió cada tren.

Los investigadores tendrán que determinar por qué el Iryo seguía detenido, qué órdenes se transmitieron desde Atocha y si los procedimientos utilizados tras la caída del LZB respetaban las condiciones de seguridad exigibles.

También será necesario establecer si existieron errores humanos, fallos técnicos o una combinación de circunstancias que desembocaron en el alcance.

Las primeras hipótesis, por relevantes que resulten, no sustituyen las conclusiones de una investigación judicial y técnica que continúa abierta.

Vox ya había presentado otra querella contra responsables de Adif

La acción judicial contra Óscar Puente no es la primera impulsada por Vox a raíz de la tragedia. El miércoles, la formación presentó una querella por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes contra responsables de Adif.

El escrito señalaba especialmente a los operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes después del fallo del sistema LZB.

La acusación se extendía también a sus superiores jerárquicos y a quienes tenían atribuidas funciones de elaboración, aplicación y supervisión de los protocolos de circulación en condiciones de funcionamiento degradado.

Vox solicitó que se identificara a los trabajadores responsables del tráfico ferroviario que estuvieron de servicio entre las 7.00 y las 11.00 horas del miércoles. La petición incluía conocer sus puestos, categorías profesionales y habilitaciones.

El partido reclamó igualmente la conservación de las pruebas relacionadas con el accidente para evitar su pérdida o alteración durante las actuaciones de retirada de los trenes y recuperación de la infraestructura.

Por su parte, la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz ha asumido la investigación judicial del siniestro. La jueza ha acordado preservar los elementos materiales, restringir el acceso a la zona afectada y mantener bajo secreto las actuaciones.

Entre las diligencias relevantes figuran el examen de los registros de circulación, las comunicaciones y los dispositivos de registro de los trenes. Estos elementos serán fundamentales para reconstruir las decisiones adoptadas antes de la colisión.

Qué puede ocurrir con la querella contra Óscar Puente en el Supremo

La querella contra el ministro debe examinarse en el Tribunal Supremo porque los miembros del Gobierno están aforados ante su Sala de lo Penal, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El primer paso consiste en determinar si la denuncia reúne los requisitos necesarios para ser admitida a trámite y si los hechos descritos justifican la apertura de una investigación penal.

La presentación de un escrito de acusación no implica que el tribunal comparta sus argumentos. Tampoco supone que se hayan probado los hechos denunciados.

Si la querella fuera admitida, podrían acordarse diligencias para esclarecer las posibles responsabilidades del ministro. Si el Supremo considerase que no existen fundamentos suficientes, podría rechazarla.

En cualquier escenario, deberá distinguirse entre la posible responsabilidad de quienes gestionaron directamente la circulación ferroviaria y la de quienes ejercían funciones políticas o de supervisión.

Para atribuir penalmente el accidente a Óscar Puente sería necesario establecer qué obligación concreta incumplió, qué capacidad tenía para evitar el resultado y qué relación existió entre su conducta y las muertes y lesiones.

La investigación sobre las causas materiales del choque seguirá siendo determinante para responder a esas cuestiones.

La tragedia ferroviaria aumenta la presión política sobre Transportes

La querella llega en un momento de creciente presión sobre Óscar Puente, después de que España haya sufrido dos accidentes ferroviarios de extraordinaria gravedad durante 2026.

El siniestro de Urda se produce apenas nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), que también provocó decenas de fallecidos y abrió un intenso debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria.

Puente descartó el miércoles presentar su dimisión de manera inmediata. El ministro aseguró que su prioridad era esclarecer las causas del accidente y resolver las cuestiones que pudieran haber contribuido a la tragedia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a investigar lo ocurrido y a actuar con contundencia si se acreditan negligencias o deficiencias en los sistemas de seguridad.

También han aumentado las peticiones de explicaciones parlamentarias. Frente Amplio, el espacio político heredero de Sumar, ha solicitado la comparecencia del ministro en la Diputación Permanente del Congreso y ha reclamado una auditoría independiente de la red ferroviaria.

La presión política y las actuaciones judiciales avanzan, sin embargo, por caminos distintos. Una eventual responsabilidad política puede exigirse sin necesidad de acreditar un delito, mientras que la penal requiere pruebas y garantías procesales.

El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, por las víctimas del accidente.

El Supremo y la investigación de Urda marcarán las responsabilidades

La querella de Vox coloca a Óscar Puente ante un nuevo frente judicial, aunque todavía está pendiente de que el Tribunal Supremo determine si procede investigar las acusaciones formuladas contra él.

La investigación del accidente, por su parte, deberá aclarar qué ocurrió durante los minutos anteriores al choque, por qué se autorizó la circulación en aquellas condiciones y si los mecanismos de protección ferroviaria funcionaron conforme a los procedimientos establecidos.

El principal interrogante sigue siendo cómo pudo producirse una colisión por alcance entre dos trenes de alta velocidad en una infraestructura dotada de sistemas específicos para proteger la circulación.

La dimensión política de la tragedia es evidente. También lo es la necesidad de examinar las decisiones de quienes tenían responsabilidades operativas y de supervisión. Pero señalar responsabilidades penales exige algo más que identificar a los cargos que estaban al frente de las instituciones.

Con 69 personas fallecidas y numerosas familias afectadas, las conclusiones de las investigaciones tendrán consecuencias que van mucho más allá de la situación política del ministro.

De momento, la querella contra Óscar Puente es una acusación presentada ante el Supremo. La determinación de quién pudo incumplir sus obligaciones, y con qué consecuencias penales, dependerá de lo que acrediten las pruebas.