Estados Unidos cae 31 puestos en democracia bajo Trump, según V-Dem

La democracia estadounidense atraviesa uno de sus retrocesos más pronunciados de las últimas décadas. Bajo el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha caído del puesto 20 al 51 en el Índice de Democracia Liberal del instituto V-Dem, que evalúa a 179 países. El deterioro afecta especialmente a los controles sobre el poder presidencial, la independencia institucional y las libertades civiles. El país sigue celebrando elecciones competitivas, pero las garantías que permiten que una democracia funcione más allá de las urnas se han debilitado considerablemente.

El retroceso ha reavivado un debate incómodo para el Partido Republicano. El periodista y escritor estadounidense Thom Hartmann sostiene, en una columna publicada el 26 de octubre de 2026, que el conservadurismo norteamericano ha evolucionado hacia un movimiento dispuesto a sacrificar principios democráticos para conservar el poder. Su análisis vincula el trumpismo con anteriores episodios de autoritarismo, segregación racial y concentración de riqueza. La tesis es contundente y, en algunos aspectos, discutible. Sin embargo, el deterioro democrático que denuncia tiene un respaldo creciente en indicadores internacionales y resoluciones judiciales.

La cuestión trasciende la personalidad de Trump. El presidente dispone de una mayoría republicana en el Congreso que, en numerosas ocasiones, ha respaldado sus iniciativas o ha evitado imponer límites efectivos a su actuación. La combinación de un Ejecutivo que amplía sus atribuciones y un Legislativo poco dispuesto a fiscalizarlo está alterando el equilibrio de poderes diseñado por la Constitución estadounidense.

No significa que Estados Unidos se haya convertido automáticamente en una dictadura. Tampoco que todos los votantes conservadores compartan un proyecto autoritario. La diferencia importa. Pero los hechos muestran que las instituciones democráticas pueden perder eficacia sin desaparecer formalmente, y que unas elecciones periódicas no bastan para garantizar por sí solas el Estado de derecho.

Una caída de 31 puestos que revela la debilidad democrática

El informe de V-Dem publicado en marzo de 2026 sitúa a Estados Unidos entre los países con un deterioro democrático más acusado. Su Índice de Democracia Liberal pasó de 0,75 puntos en 2024 a 0,57 en 2025, una caída del 24 %. El descenso de 31 posiciones en la clasificación internacional refleja principalmente la pérdida de controles sobre el Ejecutivo, las presiones sobre instituciones independientes y el debilitamiento de determinadas garantías legales.

El instituto, vinculado a la Universidad de Gotemburgo, considera que el nivel de democracia liberal estadounidense ha retrocedido hasta valores comparables a los registrados en 1965. La comparación requiere una precisión importante: los problemas actuales no son idénticos a los de aquella época, cuando millones de ciudadanos afroamericanos todavía afrontaban graves obstáculos para ejercer sus derechos políticos. Lo que se aproxima es el resultado de un indicador, no la naturaleza histórica de las restricciones.

Freedom House también ha registrado un empeoramiento. Su evaluación de 2026 reduce la puntuación estadounidense de 84 a 81 puntos sobre 100. A pesar de ello, mantiene al país dentro de la categoría de Estados libres, reconociendo la persistencia de garantías constitucionales, pluralismo político y una sociedad civil activa.

Los diagnósticos no son idénticos porque utilizan metodologías diferentes. V-Dem concede especial importancia a los contrapesos institucionales y a la calidad del funcionamiento democrático. Freedom House examina derechos políticos y libertades civiles. Ambos coinciden, no obstante, en identificar un debilitamiento de las garantías democráticas durante el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El problema tampoco comenzó de repente en enero de 2025. La polarización, la influencia del dinero en las campañas y las disputas sobre el acceso al voto llevan años erosionando la confianza institucional. Lo novedoso es la velocidad del deterioro y la amplitud de las atribuciones que reclama la presidencia.

Del asalto al Capitolio a los indultos de Trump

El 6 de enero de 2021 constituye un punto de inflexión para comprender la transformación del Partido Republicano. Después de perder las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, Trump difundió acusaciones de fraude que no quedaron acreditadas. Sus intentos de revertir el resultado desembocaron en una crisis constitucional y en el asalto al Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria demócrata.

La comisión parlamentaria que investigó aquellos acontecimientos concluyó en diciembre de 2022 que Trump había impulsado una estrategia para anular el resultado electoral y había presionado al entonces vicepresidente Mike Pence para impedir la certificación. La investigación contó también con dos congresistas republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger, que se enfrentaron políticamente al expresidente.

La reacción posterior del Partido Republicano evidenció una fractura. Algunos dirigentes rechazaron las acusaciones de fraude y defendieron la legalidad del proceso. Otros respaldaron a Trump o terminaron aceptando su liderazgo pese a lo ocurrido. El cuestionamiento de unas elecciones sin pruebas suficientes dejó de ser una posición marginal dentro del movimiento republicano.

El retorno de Trump al poder añadió otro episodio significativo. El 20 de enero de 2025, durante su primer día de mandato, concedió indultos generales y conmutaciones de penas a personas condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio. Entre los beneficiados figuraban integrantes de organizaciones extremistas que habían recibido largas condenas.

El presidente presentó aquella decisión como una reparación frente a lo que consideraba un tratamiento judicial injusto. Sus críticos la interpretaron como una forma de legitimar políticamente a quienes habían participado en el intento de impedir la transferencia pacífica del poder.

Conviene distinguir ambas cuestiones: el indulto presidencial es una facultad constitucional, pero su utilización tiene consecuencias políticas. Perdonar delitos cometidos durante un ataque contra la sede del poder legislativo transmite un mensaje muy distinto del que cabría esperar de una defensa inequívoca de la legalidad electoral.

Un presidente que concentra poder y un Congreso que apenas lo frena

Durante su segundo mandato, Trump ha recurrido de forma intensiva a las órdenes ejecutivas para imponer decisiones sobre inmigración, comercio, administración pública y funcionamiento de las instituciones federales.

Un análisis actualizado el 27 de octubre de 2026 por States United Democracy Center contabiliza 292 órdenes ejecutivas entre el 20 de enero de 2025 y el 22 de octubre de 2026. La cifra supera las que firmaron Barack Obama, 276, y George W. Bush, 291, durante sus respectivos ocho años en la Casa Blanca.

La comparación no significa que todas esas órdenes sean ilegales. Los presidentes estadounidenses disponen de competencias para dirigir la Administración mediante instrucciones ejecutivas, y gobiernos de ambos partidos las han utilizado ampliamente. El conflicto aparece cuando estas decisiones modifican materias reservadas al Congreso, contradicen leyes vigentes o afectan a derechos constitucionales.

La administración Trump ha impulsado medidas que los tribunales han suspendido o invalidado, mientras otras continúan sometidas a litigios. Freedom House también ha documentado actuaciones destinadas a ampliar el control presidencial sobre organismos de supervisión, responsables públicos y autoridades que tradicionalmente disponían de cierto grado de independencia.

La responsabilidad del Partido Republicano resulta especialmente relevante en el Congreso. Una mayoría legislativa puede respaldar legítimamente la agenda de un presidente de su formación. Lo que no debería hacer es renunciar a sus funciones de vigilancia sobre el Ejecutivo. La separación de poderes no se diseñó para que cada institución fiscalizara únicamente a sus adversarios políticos.

La batalla judicial por el control de las elecciones

Uno de los enfrentamientos más significativos se desarrolla alrededor de las normas electorales.

La Constitución estadounidense atribuye a los estados la organización inicial de las elecciones y reconoce al Congreso determinadas competencias para regularlas. El presidente no puede modificar unilateralmente las condiciones federales de participación electoral.

Pese a ello, Trump ha promovido órdenes ejecutivas para endurecer los requisitos de inscripción, introducir nuevas condiciones sobre el voto por correo y ampliar la intervención federal en procedimientos administrados por los estados.

Según un recuento publicado el 20 de octubre de 2026 por el Brennan Center for Justice, al menos 34 resoluciones de tribunales federales de distrito han frenado temporal o definitivamente iniciativas de la Administración relacionadas con las elecciones. Entre los jueces que dictaron esas decisiones figuran magistrados nombrados tanto por presidentes demócratas como republicanos, incluidos ocho designados por el propio Trump.

Algunos procedimientos siguen abiertos y las decisiones judiciales no han resuelto definitivamente todos los conflictos. Aun así, muestran que el sistema de contrapesos continúa funcionando en asuntos esenciales.

El Departamento de Justicia también ha intentado obtener registros electorales estatales con información personal de los votantes, provocando nuevos litigios. Las autoridades federales justifican estas actuaciones por la necesidad de proteger la integridad electoral; sus impugnantes denuncian que exceden las competencias del Ejecutivo y amenazan la privacidad y el derecho al voto.

La paradoja resulta difícil de ignorar: las instituciones encargadas de garantizar unas elecciones libres están teniendo que defender judicialmente sus competencias frente al propio Gobierno federal.

El riesgo de convertir la disidencia política en sospecha

Otro elemento central del debate es el tratamiento de la oposición y de los movimientos de protesta.

En septiembre de 2025, Trump aprobó el memorando presidencial de seguridad nacional NSPM-7, destinado oficialmente a combatir el terrorismo interior y la violencia política organizada. El documento ordena coordinar investigaciones entre agencias federales y examinar las redes y estructuras financieras relacionadas con determinadas actividades delictivas.

La persecución de la violencia política es una obligación legítima del Estado. Ninguna democracia tiene por qué tolerar agresiones, amenazas o atentados en nombre de una ideología. El problema surge cuando la definición de amenazas incluye categorías políticas o culturales excesivamente amplias.

El memorando menciona expresamente el antiestadounidensismo, el anticapitalismo y el anticristianismo entre las características ideológicas que, según la Administración, aparecen vinculadas a determinadas formas de extremismo violento.

Estas posiciones, por sí solas, no constituyen delitos. Criticar el capitalismo, rechazar una religión o cuestionar las políticas de un Gobierno son expresiones protegidas por la libertad de pensamiento y de expresión.

Un informe publicado en octubre de 2026 por las investigadoras Shilpa Jindia y Nora Benavidez, de la organización Free Press, advierte del riesgo de que la aplicación del memorando permita someter a investigaciones especialmente severas a activistas, asociaciones y entidades de la sociedad civil.

Las autoras sostienen que la coordinación de instrumentos policiales, financieros y judiciales puede tener un efecto intimidatorio sobre la protesta legítima, incluso cuando las actividades investigadas no desembocan en condenas.

No equivale a afirmar que cualquier ciudadano crítico con Trump vaya a ser perseguido. El memorando tampoco crea por sí mismo nuevas competencias penales. El riesgo identificado es otro: que poderes ya existentes se utilicen de forma selectiva y que las convicciones políticas terminen pesando más que los indicios concretos de una conducta delictiva.

El conservadurismo no conduce inevitablemente al fascismo

La columna de Thom Hartmann plantea una interpretación histórica mucho más amplia. El autor relaciona determinadas tradiciones del conservadurismo estadounidense con la defensa de jerarquías sociales, privilegios económicos y prácticas de exclusión política.

Entre sus ejemplos figura William F. Buckley, una de las grandes figuras intelectuales de la derecha norteamericana del siglo XX. En 1957, la revista National Review, fundada por Buckley, publicó un editorial que defendía la supremacía política de la población blanca en el sur de Estados Unidos. Aquel posicionamiento muestra hasta qué punto ciertos sectores conservadores justificaron históricamente la desigualdad racial.

Sin embargo, identificar todo el conservadurismo con el fascismo sería una simplificación histórica. Existen corrientes conservadoras que han defendido el constitucionalismo, el pluralismo, las libertades individuales y la alternancia democrática. También hubo conservadores que se opusieron a dictaduras y movimientos totalitarios.

El fascismo posee características políticas e históricas específicas: ultranacionalismo excluyente, rechazo del pluralismo, liderazgo autoritario, subordinación de las instituciones y legitimación de la violencia como instrumento político. La presencia de algunos de estos rasgos en un movimiento no demuestra automáticamente que reproduzca todos los elementos de un régimen fascista.

La advertencia de Hartmann adquiere mayor relevancia cuando se examinan actuaciones concretas en lugar de convertir una etiqueta ideológica en explicación universal.

Desacreditar elecciones legítimas, concentrar atribuciones ejecutivas, presionar a instituciones independientes o presentar a los adversarios como enemigos del país son comportamientos que pueden favorecer una deriva autoritaria, con independencia del partido que los protagonice.

El verdadero contraste no enfrenta simplemente a conservadores y progresistas. Enfrenta dos concepciones del poder: una acepta que las reglas constitucionales también deben proteger a quienes piensan de manera diferente; la otra interpreta los límites institucionales como obstáculos que conviene eliminar cuando resultan incómodos.

Y eso tiene una consecuencia fundamental. En una democracia liberal, ganar las elecciones concede el derecho a gobernar, no a apropiarse de las instituciones.

Las elecciones del 3 de noviembre medirán la resistencia democrática

Estados Unidos afronta el próximo 3 de noviembre de 2026 unas elecciones legislativas decisivas para el equilibrio institucional durante los dos últimos años del mandato presidencial.

Los ciudadanos renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. El resultado determinará si el Partido Republicano conserva el control del Congreso o si los demócratas recuperan alguna de sus cámaras.

Una mayoría opositora podría intensificar las investigaciones parlamentarias, revisar actuaciones del Ejecutivo y limitar determinadas iniciativas legislativas de Trump. No eliminaría sus competencias constitucionales ni resolvería automáticamente los conflictos abiertos, pero modificaría la capacidad del Congreso para ejercer un control efectivo sobre la Casa Blanca.

El propio V-Dem ha señalado las elecciones intermedias de 2026 como una prueba especialmente importante. Sus indicadores específicamente electorales correspondientes a 2025 seguían basándose en buena medida en los comicios de 2024. La organización considera que la calidad del siguiente proceso electoral permitirá evaluar mejor hasta dónde llega el deterioro institucional.

Hay motivos para la preocupación, pero también señales de resistencia. Los tribunales han frenado diversas medidas presidenciales, las organizaciones civiles siguen cuestionando las decisiones gubernamentales y el sistema federal conserva espacios de autonomía frente a Washington.

La democracia estadounidense no depende únicamente de quién ocupe la presidencia. También depende de que jueces, legisladores, administraciones electorales y ciudadanos puedan actuar con independencia y sin intimidaciones.

El daño institucional no se mide exclusivamente por las leyes aprobadas o las órdenes ejecutivas firmadas. También cuenta la erosión de normas políticas que parecían asentadas: reconocer una derrota electoral, respetar las competencias de otros poderes y aceptar que el adversario conserva sus derechos cuando uno gobierna.

El gran problema del trumpismo no es su capacidad para ganar elecciones democráticas, sino las actuaciones que ponen en cuestión algunas de las garantías que hacen posibles esas elecciones. El Partido Republicano tendrá que responder, políticamente, por el grado de respaldo que ha prestado a esas decisiones.

La prueba definitiva para cualquier formación que se considere democrática no consiste en aceptar las reglas cuando gana, sino en respetarlas cuando pierde. Esa distinción, aparentemente elemental, vuelve a estar en el centro de la política estadounidense.