Israel detiene a cuatro activistas de Ra’am por presuntos sobornos

La Policía de Israel ha detenido este jueves, 29 de octubre de 2026, a cuatro hombres vinculados al partido árabe Ra’am por su presunta participación en una trama de compra de votos durante las elecciones legislativas celebradas el martes. Los arrestados están siendo interrogados por la unidad especializada Lahav 433, encargada de investigar delitos graves, corrupción y fraude.

La formación política, liderada por Mansur Abás, ha confirmado que los detenidos son activistas del partido, pero ha rechazado las acusaciones. La operación amplía una investigación que comenzó el propio día de las elecciones con el arresto de otros tres hombres en el sur del país, sospechosos de intentar entregar dinero a ciudadanos a cambio de votar por Ra’am.

Las nuevas detenciones se producen en un momento especialmente delicado para la política israelí. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, cuestiona la limpieza del proceso electoral y su partido, el Likud, acusa a las formaciones árabes de cometer irregularidades para alterar los resultados.

Por el momento, las autoridades investigan posibles delitos de soborno electoral, pero no se ha demostrado la existencia de un fraude generalizado ni se ha establecido que las actuaciones de los sospechosos respondieran a instrucciones de la dirección de Ra’am.

Cuatro nuevas detenciones por una presunta trama de compra de votos

La investigación está en manos de Lahav 433, una unidad de la Policía israelí especializada en delincuencia organizada y delitos económicos. Los cuatro hombres detenidos este jueves han sido trasladados para prestar declaración ante los investigadores de su unidad nacional de fraude.

Los agentes tratan de determinar si participaron en un supuesto mecanismo para ofrecer dinero a electores a cambio de apoyar a Ra’am en los comicios del 27 de octubre.

El caso se remonta a la madrugada del martes, cuando la Policía detuvo a tres hombres pertenecientes a comunidades beduinas del desierto del Néguev, en el sur de Israel.

Durante los registros de sus viviendas, los agentes encontraron sobres con decenas de miles de séqueles en efectivo, papeletas electorales y otros materiales que consideran relacionados con los hechos investigados.

La principal sospecha policial es que ese dinero podía utilizarse para influir ilegalmente en el voto. No obstante, la presencia de efectivo y documentación electoral no constituye, por sí sola, una prueba definitiva de compra de votos.

De los tres primeros arrestados, uno quedó posteriormente en libertad por decisión judicial, mientras que los otros dos continuaron detenidos. Sus defensas también han rechazado las acusaciones.

Con las cuatro nuevas detenciones, siete personas han sido arrestadas desde el inicio de las pesquisas, aunque no todas permanecen bajo custodia policial.

Ra’am niega los sobornos y denuncia una persecución política

La respuesta de Ra’am ha sido tajante. El partido, cuyo nombre oficial es Lista Árabe Unida, reconoce la vinculación de los nuevos detenidos con su organización, pero rechaza que sus actividades estuvieran relacionadas con prácticas ilegales.

La formación sostiene que las actuaciones policiales forman parte de una ofensiva política contra la participación electoral de la población árabe israelí.

Tras los primeros arrestos, Ra’am denunció que los sospechosos habían sido detenidos en sus domicilios varias horas antes de la apertura de los colegios electorales, y no mientras intentaban influir sobre ciudadanos que acudían a votar.

También acusó a sectores policiales de actuar bajo la influencia política del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los dirigentes más radicales de la derecha israelí.

Estas denuncias forman parte de la posición pública del partido y tampoco han quedado acreditadas judicialmente.

El papel de Mansur Abás y la Lista Árabe Unida

Ra’am es una formación árabe israelí de orientación islamista que representa principalmente a sectores conservadores de la población árabe del país.

Su líder, Mansur Abás, ha defendido una estrategia pragmática de negociación con los partidos judíos para conseguir inversiones públicas, mejoras en los servicios y mayor atención institucional a las comunidades árabes.

En 2021, Ra’am protagonizó un acontecimiento significativo en la política israelí al incorporarse a la coalición gubernamental encabezada por Naftali Bennett y Yair Lapid.

Aquella decisión demostró que un partido árabe independiente podía participar directamente en un Gobierno israelí, una posibilidad que vuelve a ocupar el debate político tras las elecciones del martes.

Precisamente por esa capacidad de negociación, las acusaciones actuales tienen una trascendencia que va más allá de los cuatro nuevos detenidos.

Netanyahu acusa a los partidos árabes de intentar alterar las elecciones

El caso ha adquirido una dimensión nacional después de que el Likud, partido de Netanyahu, acusara a las formaciones árabes de intentar manipular el resultado electoral.

El miércoles, la organización del primer ministro denunció supuestos episodios de soborno, intimidación, amenazas y fraude en diferentes colegios electorales.

También afirmó disponer de testimonios y materiales que demostrarían irregularidades, incluidos sobres con dinero y papeletas vinculadas a Ra’am.

El partido reclamó una investigación exhaustiva de la Policía, los servicios de inteligencia interior y la Comisión Electoral Central.

Sin embargo, conviene distinguir dos cuestiones: una investigación por presunta compra de votos y la existencia de un plan organizado para alterar unas elecciones nacionales.

Las detenciones conocidas hasta ahora no demuestran que el resultado electoral haya sido manipulado.

La Comisión Electoral Central ha anunciado que examinará las denuncias sobre posibles irregularidades y ha recordado que los controles y revisiones forman parte de los procedimientos habituales tras unas elecciones.

Una investigación sobre interferencias extranjeras añade incertidumbre

En paralelo, las autoridades israelíes también examinan sospechas de una posible interferencia extranjera en el proceso electoral, un asunto que ha aumentado la tensión entre el Gobierno y la oposición.

No está confirmado que estas pesquisas estén relacionadas con las detenciones de los activistas de Ra’am.

Se trata, por tanto, de investigaciones que deben analizarse por separado mientras las autoridades no establezcan una conexión entre ellas.

Un Parlamento dividido y los partidos árabes en posición decisiva

Las nuevas detenciones llegan mientras Israel continúa pendiente del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Con aproximadamente el 91 % de los votos contabilizados, los resultados provisionales apuntan a una distribución parlamentaria que dificulta la formación de Gobierno.

El bloque encabezado por Netanyahu obtendría alrededor de 53 escaños, mientras que las formaciones opositoras agrupadas en torno a Gadi Eisenkot sumarían 48.

Los dos principales partidos árabes, Ra’am y la Lista Conjunta, alcanzarían conjuntamente 19 diputados, una representación histórica en la Knéset, el Parlamento israelí.

La mayoría absoluta requiere 61 de los 120 escaños. Ninguno de los dos bloques principales llega por sí solo a esa cifra.

Los partidos árabes podrían resultar determinantes para facilitar una alternativa a Netanyahu, aunque esa posibilidad depende de acuerdos políticos complejos y del resultado definitivo.

No todas las fuerzas opositoras están dispuestas a negociar una coalición con Ra’am o con la Lista Conjunta.

Esta situación explica parte de la tensión política que rodea las denuncias electorales. El peso parlamentario de las formaciones árabes ha aumentado considerablemente y cualquier discusión sobre la legitimidad de sus resultados afecta directamente a las negociaciones para formar Gobierno.

La investigación continúa mientras Israel busca una mayoría de Gobierno

Las cuatro detenciones anunciadas este jueves representan un nuevo avance de la investigación policial sobre los presuntos sobornos electorales, pero todavía quedan cuestiones esenciales por esclarecer.

Los investigadores deberán determinar qué destino tenía el dinero intervenido, si llegó a ofrecerse a votantes y si existía alguna estructura organizada detrás de los hechos denunciados.

También tendrán que establecer las responsabilidades individuales de los sospechosos. La pertenencia a un partido político no demuestra automáticamente la participación en un delito ni implica responsabilidad penal para su dirección.

Mientras tanto, Israel afronta dos procesos que avanzan simultáneamente: el esclarecimiento de las posibles irregularidades electorales y la búsqueda de una mayoría parlamentaria capaz de formar Gobierno.

La diferencia es fundamental. Investigar una sospecha de fraude es una obligación democrática; darla por demostrada antes de que existan pruebas suficientes es otra cosa.