La Fiscalía insiste en la pena de muerte para Yoon por la ley marcial

La Fiscalía especial de Corea del Sur ha vuelto a solicitar este jueves, 29 de octubre, la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. La petición se ha presentado ante el Tribunal Superior de Seúl, donde se examina el recurso contra la condena a cadena perpetua que recibió en febrero por encabezar una insurrección.

El equipo del fiscal especial Cho Eun-suk considera que aquella sentencia fue demasiado benévola para quien, siendo presidente, ordenó desplegar militares en el Parlamento y trató de alterar el orden constitucional. Yoon ya fue declarado culpable en primera instancia, pero la Fiscalía pretende que el tribunal de apelación sustituya la prisión perpetua por la máxima pena prevista en la legislación surcoreana.

La solicitud no supone una nueva condena ni significa que el antiguo mandatario vaya a ser ejecutado. Los jueces todavía deben resolver la apelación. Existe, además, una circunstancia importante: Corea del Sur mantiene la pena capital en su Código Penal, aunque no ejecuta a ningún condenado desde 1997.

El proceso vuelve a situar ante los tribunales una de las crisis más graves de la democracia surcoreana. Lo que comenzó como una declaración presidencial de emergencia, que apenas sobrevivió seis horas, terminó con la destitución de Yoon, su procesamiento penal y una condena histórica.

Por qué la Fiscalía vuelve a pedir la pena de muerte

Durante la vista celebrada este jueves, la Fiscalía ha defendido que no existen motivos para descartar la máxima condena. Su argumento es que Yoon utilizó las facultades de la Presidencia y el mando de las Fuerzas Armadas para intentar neutralizar instituciones que debía proteger.

Los fiscales sostienen que el intento de imponer la ley marcial constituyó una ruptura deliberada del orden constitucional, no una simple decisión política equivocada. También reprochan al tribunal que dictó la primera sentencia haber interpretado de manera demasiado restrictiva tanto los preparativos como los objetivos de la operación.

La diferencia resulta fundamental. El 19 de febrero de 2026, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon a cadena perpetua por dirigir una insurrección, después de concluir que el envío de tropas a la Asamblea Nacional respondía al propósito de impedir el funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, los magistrados descartaron imponer la pena capital. Entre los elementos considerados figuraban la ausencia de un plan operativo suficientemente detallado y el hecho de que no llegara a emplearse munición real durante los acontecimientos.

La Fiscalía discrepa de esa valoración. Considera que la gravedad del ataque al sistema democrático exige una respuesta penal más contundente y que el fallo inicial no reflejó toda la responsabilidad de los implicados.

El Código Penal surcoreano contempla tres castigos para quien encabeza una insurrección: pena de muerte, cadena perpetua con trabajos forzados o cadena perpetua sin ellos. No se trata, por tanto, de una petición ajena al marco legal del país.

El equipo acusador también ha reclamado cadena perpetua para el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, uno de los principales responsables militares relacionados con la operación, y penas de prisión para otros altos cargos implicados.

La noche del 3 de diciembre de 2024 que cambió Corea del Sur

El origen del proceso está en la noche del 3 de diciembre de 2024. Yoon Suk-yeol, entonces presidente de Corea del Sur, anunció inesperadamente la imposición de la ley marcial con el argumento de que necesitaba proteger al país frente a determinadas fuerzas que calificó de antiestatales.

Su decisión llegó en medio de una profunda confrontación con la oposición, que controlaba la Asamblea Nacional y mantenía distintos enfrentamientos con el Gobierno por los presupuestos y las iniciativas para destituir a altos funcionarios.

La respuesta institucional fue inmediata. Soldados armados se desplegaron en las inmediaciones y dentro del recinto parlamentario, mientras los diputados trataban de reunirse para votar contra la medida.

La Asamblea consiguió aprobar una resolución que exigía levantar la ley marcial. La presión parlamentaria y ciudadana terminó obligando a Yoon a retirar el decreto aproximadamente seis horas después de anunciarlo.

La operación había fracasado, pero sus consecuencias políticas y judiciales apenas comenzaban.

El Parlamento aprobó una moción de destitución contra el presidente el 14 de diciembre de 2024. Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad su destitución el 4 de abril de 2025, al considerar que había cometido graves vulneraciones del orden constitucional.

Para entonces, Yoon también afrontaba una investigación penal por insurrección. En enero de 2025 había sido detenido y acusado formalmente de dirigir una insurrección.

Su condena a cadena perpetua, dictada en febrero de 2026, convirtió el caso en uno de los mayores procesos contra un antiguo jefe del Estado en la historia democrática surcoreana.

Yoon mantiene que pretendía advertir a la oposición

La defensa del expresidente sostiene que la declaración de la ley marcial fue una advertencia política ante lo que consideraba una situación de bloqueo institucional.

Yoon ha argumentado que la oposición estaba utilizando su mayoría parlamentaria para obstaculizar al Ejecutivo mediante iniciativas de destitución y recortes presupuestarios. Según su versión, pretendía llamar la atención sobre esa situación, no destruir el sistema democrático.

Los jueces de primera instancia rechazaron esa interpretación. Consideraron que enviar militares al Parlamento e intentar detener a dirigentes políticos reunía los elementos necesarios para apreciar el delito de insurrección.

La controversia judicial no gira únicamente alrededor de las intenciones declaradas por el antiguo presidente, sino de las órdenes impartidas y sus efectos sobre el funcionamiento de las instituciones.

Corea del Sur conserva la pena de muerte, pero no ejecuta desde 1997

La nueva petición de la Fiscalía presenta una particularidad que va más allá del proceso contra Yoon: Corea del Sur lleva casi tres décadas sin aplicar una ejecución, aunque continúa contemplando la pena capital en su legislación.

La última se produjo el 30 de diciembre de 1997. Desde entonces, el país mantiene una moratoria de hecho que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a clasificarlo como abolicionista en la práctica.

Eso no significa que los tribunales hayan perdido la facultad de imponer condenas a muerte.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Justicia surcoreano a comienzos de octubre de 2026, 52 personas permanecían condenadas a muerte en establecimientos penitenciarios del país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur ha reclamado recientemente que se avance hacia la abolición legal de esta pena. El organismo considera que casi treinta años sin ejecuciones ofrecen una base suficiente para revisar una legislación que todavía permite al Estado privar de la vida a un condenado.

La Fiscalía, por su parte, ha defendido que la ausencia de ejecuciones no debería condicionar la decisión judicial sobre Yoon. A su juicio, una práctica mantenida durante décadas no elimina la posibilidad de dictar la sentencia más severa que contempla la ley.

El debate tiene también un precedente político. El expresidente Chun Doo-hwan, que gobernó Corea del Sur durante la etapa autoritaria de los años ochenta, fue condenado a muerte en 1996 por su participación en el golpe militar de 1979 y otros delitos. Posteriormente, la pena fue conmutada por cadena perpetua y recibió un indulto en 1997.

Aquel proceso sigue siendo una referencia en la historia judicial surcoreana cuando los tribunales examinan las responsabilidades penales de quienes ejercieron el máximo poder del Estado.

Qué ocurrirá con Yoon tras la nueva petición de pena de muerte

El Tribunal Superior de Seúl continuará examinando el recurso antes de pronunciarse sobre la condena del antiguo presidente.

Según el calendario judicial conocido este jueves, el 5 de noviembre está prevista la intervención final de la defensa y del propio Yoon. Una vez concluida esta fase, los magistrados deberán anunciar la fecha de la sentencia de apelación.

El tribunal tendrá que determinar si mantiene la cadena perpetua impuesta en febrero o acepta el planteamiento de la Fiscalía y eleva el castigo a la pena capital. La decisión podrá quedar sujeta a los recursos previstos en el sistema judicial surcoreano.

Incluso si finalmente se dictara una condena a muerte, su ejecución no sería automática. La moratoria que el país mantiene desde 1997 seguiría siendo un elemento decisivo para valorar las consecuencias prácticas de una sentencia de esa naturaleza.

El proceso tiene una dimensión que trasciende el futuro personal de Yoon Suk-yeol. Los tribunales están delimitando las responsabilidades de un presidente elegido democráticamente que utilizó poderes extraordinarios contra las instituciones del propio Estado.

La primera sentencia ya estableció que los acontecimientos de diciembre de 2024 constituyeron una insurrección. La apelación debe resolver si la cadena perpetua representa un castigo suficiente.

Mientras tanto, Corea del Sur afronta una contradicción que el caso ha vuelto a poner sobre la mesa: una democracia que lleva casi treinta años sin ejecutar a nadie debe decidir si impone la pena de muerte a un expresidente condenado por atentar contra su propio orden constitucional.