Ceuta: dos policías y tres marroquíes declaran por la entrada masiva

La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta da este miércoles 28 de octubre un nuevo paso. Dos agentes de la Policía Nacional y tres ciudadanos marroquíes que cruzaron irregularmente la frontera el pasado 30 de julio están citados a declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que trata de esclarecer si aquella movilización fue espontánea o estuvo organizada y facilitada desde Marruecos.

Los tres ciudadanos marroquíes comparecerán voluntariamente por videoconferencia desde Ceuta, a partir de las 10.00 horas. Su testimonio adquiere especial relevancia porque, en declaraciones anteriores ante la Policía Nacional, identificaron a varias autoridades marroquíes que se encontraban en la frontera o sus inmediaciones durante la crisis. Los investigadores quieren determinar qué papel desempeñaron esas personas y si existieron instrucciones para permitir o favorecer la entrada de miles de personas en territorio español.

Las comparecencias llegan después de una semana de declaraciones que han puesto bajo sospecha la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Mandos españoles y responsables del Gobierno de Ceuta han descrito una llamativa pasividad de los agentes del país vecino, mientras nuevos informes policiales apuntan a la posible intervención de personas encargadas de dirigir los movimientos de la multitud.

La investigación afecta a unos acontecimientos de enorme gravedad. Los días 30 y 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, según los balances difundidos tras la crisis. En aguas ceutíes se recuperaron al menos 83 cadáveres relacionados con aquellos acontecimientos, mientras las autoridades marroquíes comunicaron 14 víctimas mortales en su territorio. Las cifras reflejan la magnitud de una tragedia cuyo balance definitivo sigue siendo difícil de establecer.

Tres testigos marroquíes que identificaron a autoridades en la frontera

La declaración de los tres ciudadanos marroquíes puede resultar especialmente importante para reconstruir lo sucedido en la zona de El Tarajal y en los accesos fronterizos durante las primeras horas de la entrada masiva.

Los tres llegaron a Ceuta a nado el 30 de julio y posteriormente fueron interrogados por la Policía Nacional. Durante esas entrevistas, los investigadores les mostraron fotografías de personas cuya presencia en la frontera había despertado sospechas.

Uno de los declarantes, que aseguró haber sido sargento de la Gendarmería Real marroquí, identificó a un alto mando policial y al responsable administrativo de Castillejos, localidad marroquí situada junto a Ceuta.

Según su relato, observó a este último hablando por teléfono y dando indicaciones a agentes desplegados en la zona. También explicó que había intentado cruzar días antes y que, cuando finalmente consiguió entrar, nadie le impidió el paso.

Los otros dos testigos reconocieron igualmente a distintas autoridades en las fotografías. Entre los identificados figuran responsables policiales, funcionarios locales y el gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Sus declaraciones incluyen detalles sobre cómo conocieron la movilización. Uno contó que vio a numerosos ciudadanos dirigiéndose hacia la frontera mientras se desplazaba a su trabajo. Otro explicó que decidió acudir después de enterarse de lo que ocurría a través de las redes sociales.

Hay, sin embargo, una distinción esencial: identificar a una autoridad no demuestra que participara en la organización de la entrada masiva. Los testimonios policiales conocidos hasta el momento no atribuyen a todos los cargos señalados actuaciones concretas que permitan acreditar su implicación.

La jueza pretende contrastar estas identificaciones con el resto de las pruebas incorporadas al procedimiento.

Los vídeos que examina la Policía Nacional

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones de los acontecimientos del 30 de julio.

Las imágenes muestran hasta 24 personas vestidas de paisano que los investigadores examinan como posibles participantes en la organización o facilitación de los movimientos hacia Ceuta.

Algunos individuos aparecen realizando gestos que podrían interpretarse como indicaciones a quienes intentaban atravesar la frontera. También se observan uniformados marroquíes que aparentemente no intervienen mientras numerosas personas avanzan hacia el espigón del Tarajal.

La Policía ha trabajado con grabaciones obtenidas sobre el terreno y material difundido en redes sociales para ampliar los rostros y tratar de identificar a los sospechosos.

Los mandos españoles que declararon anteriormente no consiguieron reconocer a esas personas, pero los tres ciudadanos marroquíes sí identificaron a varias autoridades.

Ahora corresponde determinar si esas coincidencias permiten establecer alguna responsabilidad individual o si únicamente acreditan la presencia de funcionarios marroquíes durante los acontecimientos.

Policías y consejeros de Ceuta denuncian la pasividad de Marruecos

Las comparecencias de este miércoles se producen después de otras declaraciones que han aportado información sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera.

El lunes 26 de octubre comparecieron un teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y un inspector jefe de la Policía Nacional.

El mando de la Guardia Civil explicó que durante la noche anterior a la entrada masiva observó seis embarcaciones marroquíes y describió una actitud de inactividad por parte de los agentes del país vecino.

El inspector policial fue más allá y sostuvo que las fuerzas marroquíes estaban facilitando el paso hacia Ceuta.

Las declaraciones también dejaron al descubierto diferencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre cómo gestionar aquella situación excepcional.

El responsable de la Guardia Civil defendió las decisiones que adoptó respecto a la apertura de uno de los accesos fronterizos. Argumentó que mantenerlo cerrado podía provocar una acumulación peligrosa de personas y empujarlas hacia el mar.

El inspector de Policía, por su parte, cuestionó la falta de instrucciones y planificación ante el volumen de llegadas.

El martes declararon tres miembros del Gobierno de Ceuta: Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez.

Los consejeros coincidieron en describir una actitud pasiva de los agentes marroquíes. Según sus testimonios, algunos permanecían tumbados sobre toallas, mirando sus teléfonos móviles, mientras se producían las entradas.

Estas declaraciones refuerzan las sospechas sobre una posible permisividad de las autoridades marroquíes, aunque todavía debe determinarse si aquella conducta respondió a instrucciones deliberadas, a decisiones operativas o a una pérdida de control de la situación.

El CNI sostiene que Marruecos conocía lo que iba a suceder

Uno de los aspectos más delicados de la investigación es establecer qué información tenían los gobiernos español y marroquí antes del 30 de julio y qué decisiones adoptaron a partir de ella.

Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza sostiene que las autoridades marroquíes conocían previamente la preparación de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y estaban al corriente de las convocatorias difundidas por redes sociales.

El documento señala que Marruecos disponía de información sobre la movilización y que sus autoridades eran conscientes del riesgo de una entrada multitudinaria. También apunta a una respuesta insuficiente para controlar la concentración de personas.

Una cosa es conocer el riesgo. Otra, bastante distinta desde el punto de vista penal, es haber organizado deliberadamente los acontecimientos. Precisamente esa diferencia constituye uno de los asuntos centrales de las diligencias. El informe del CNI señala la pasividad marroquí, pero no atribuye a Rabat la organización de la crisis.

La situación se complica porque el Ministerio del Interior español sostiene que no recibió ninguna alerta operativa que anticipara una entrada de semejante magnitud.

En un informe remitido a la Audiencia Nacional, Interior asegura que la información disponible antes de la crisis no permitía prever el desbordamiento que finalmente se produjo.

El departamento también ha comunicado que recibió seis notas confidenciales del CNI sobre posibles nuevas entradas durante agosto, después de los acontecimientos de finales de julio.

La jueza exige desclasificar los informes de inteligencia

Para aclarar esas diferencias, María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros la desclasificación de documentación del CNI relacionada con la crisis de Ceuta.

La magistrada ha establecido un plazo de 15 días naturales desde la recepción de su solicitud para facilitar los documentos requeridos.

La petición incluye las notas e informes sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, especialmente aquellos que hagan referencia a la actuación de Marruecos.

También reclama conocer qué autoridades recibieron las comunicaciones de inteligencia emitidas antes de la crisis y cuáles fueron informadas posteriormente.

El objetivo es reconstruir la cadena de avisos, decisiones y responsabilidades institucionales. No basta con determinar qué información existía: resulta igualmente relevante saber quién la conocía, cuándo la recibió y qué hizo con ella.

Qué investiga la Audiencia Nacional por la entrada masiva en Ceuta

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Iustitia Europa y terminó siendo asumida por la Audiencia Nacional ante la posible existencia de delitos que afectan a la integridad territorial del Estado.

Las diligencias abarcan posibles delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como organización criminal y posibles homicidios imprudentes.

La magistrada considera necesario esclarecer si la llegada multitudinaria fue consecuencia de una actuación coordinada desde el extranjero, con capacidad para desbordar los sistemas españoles de control fronterizo.

Los informes policiales iniciales apuntan a una movilización planificada, en la que determinadas personas habrían desempeñado funciones de orientación y coordinación.

Sin embargo, esas conclusiones forman parte de una investigación todavía abierta. No equivalen a una sentencia ni permiten atribuir automáticamente responsabilidades penales a las autoridades identificadas.

La causa tampoco convierte en sospechosos a todos los ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera. Los tres convocados este miércoles comparecen en calidad de testigos, no como acusados.

La jueza también ha solicitado información al Ministerio de Defensa sobre una posible presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas próximas a Ceuta entre el 29 de julio y el 10 de agosto.

Deberá comprobarse si esa actividad naval tuvo alguna relación con los hechos investigados.

La identificación de responsabilidades sigue abierta

Las declaraciones de los dos policías nacionales y los tres ciudadanos marroquíes se incorporan a una investigación que ya reúne testimonios de mandos de seguridad, responsables políticos, informes de inteligencia y numerosas grabaciones de la frontera.

La principal incógnita continúa siendo si la entrada masiva de julio fue organizada o favorecida deliberadamente por autoridades marroquíes, como sospechan los investigadores, o si la movilización terminó desbordando los dispositivos de seguridad sin una dirección institucional acreditada.

Tampoco está resuelto qué grado de conocimiento tenían las autoridades españolas ni si los mecanismos de prevención y coordinación funcionaron adecuadamente.

Las nuevas declaraciones pueden contribuir a identificar a quienes estuvieron presentes y aclarar cómo actuaron. La documentación clasificada del CNI y las imágenes pendientes de análisis serán igualmente determinantes.

Casi tres meses después de una crisis que dejó miles de personas cruzando la frontera y decenas de víctimas mortales, la Audiencia Nacional intenta establecer no solo cómo ocurrió aquella tragedia, sino si pudo evitarse y quién debe responder por las decisiones que se tomaron.