Sánchez promete esclarecer el choque de trenes de Urda, con 68 muertos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles 28 de octubre que se llegará «hasta el final» para esclarecer las causas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha dejado al menos 68 muertos y 58 personas hospitalizadas, según el último balance provisional. Desde el lugar de la tragedia, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que, si se confirman negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, habrá consecuencias.

Sánchez ha comparecido ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Urda, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su declaración se produce después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalara una orden de circulación presuntamente errónea desde el centro de control de Adif como uno de los elementos determinantes del siniestro.

La tragedia ha vuelto a golpear al sistema ferroviario español apenas nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba). Esta vez, las primeras explicaciones técnicas apuntan a una combinación especialmente preocupante: un fallo en el sistema de señalización, varios trenes detenidos y una autorización para reanudar la marcha que, según Transportes, no debió producirse en aquellas condiciones.

La investigación tendrá que establecer qué ocurrió exactamente, quién tomó las decisiones y por qué los mecanismos de seguridad no evitaron el impacto. Sánchez ha asumido públicamente el compromiso de esclarecer lo sucedido, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las responsabilidades.

Sánchez promete aclarar si hubo negligencias y fallos de seguridad

«Toda España está de luto», ha afirmado Sánchez durante su intervención en Urda. El presidente ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos, su solidaridad con las personas heridas y su agradecimiento a los profesionales de emergencias y a los vecinos que han colaborado en las labores de auxilio.

El jefe del Ejecutivo ha establecido dos prioridades. La primera es atender a las víctimas, localizar a posibles supervivientes y garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a los afectados y sus familiares. La segunda, determinar las causas del accidente y aclarar si existieron errores humanos, deficiencias técnicas o una combinación de ambos factores.

Sobre las posibles responsabilidades, Sánchez ha sido explícito: «Si ha habido negligencias, se sabrá». También ha asegurado que habrá consecuencias si la investigación confirma fallos en el sistema ferroviario.

La declaración llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. La seguridad de los trenes españoles vuelve a estar bajo escrutinio y el Ejecutivo afronta la necesidad de ofrecer explicaciones convincentes sobre una tragedia que las primeras investigaciones consideran potencialmente evitable.

No basta, en cualquier caso, con identificar una actuación incorrecta. También habrá que determinar por qué una decisión humana pudo imponerse a las barreras de protección previstas para impedir que dos trenes circulasen de forma incompatible por el mismo tramo.

Qué ocurrió en el accidente ferroviario de Urda

El siniestro se produjo alrededor de las 8.53 horas del miércoles 28 de octubre, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo.

Los trenes implicados eran un AVE de Renfe, que había salido de Madrid a las 8.00 horas, y un convoy de Iryo que había partido de Atocha unos minutos antes. Ambos circulaban en dirección a Sevilla.

El tren de Iryo permanecía detenido cuando el AVE lo alcanzó por detrás. La violencia del impacto provocó que dos vagones cayeran por un terraplén, complicando considerablemente las operaciones de rescate.

Según las cifras comunicadas durante la jornada, viajaban más de 540 personas entre ambos convoyes. La magnitud del choque obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias y a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El fallo del sistema LZB y la orden que investiga Adif

La explicación ofrecida por Óscar Puente sitúa el origen de la secuencia de acontecimientos alrededor de las 8.30 horas, cuando se produjo un fallo de comunicaciones que dejó fuera de servicio el sistema de seguridad LZB en un tramo de aproximadamente 63 kilómetros.

Este sistema supervisa la circulación ferroviaria y transmite información a los trenes para controlar su velocidad y mantener las distancias de seguridad. Cuando se produjo la avería, los convoyes afectados se detuvieron automáticamente.

A partir de ese momento, la gestión de la circulación pasó al centro de control de Adif situado en Atocha, en Madrid.

Según la reconstrucción presentada por el ministro, a las 8.36 horas se autorizó al AVE de Renfe a continuar su recorrido con normalidad, pese a que el Iryo seguía detenido y existía una señal roja que impedía avanzar en esas condiciones.

Puente considera «inexplicable» aquella decisión.

El ministro ha explicado que, durante los aproximadamente 17 minutos posteriores, el AVE recorrió unos 23 kilómetros y llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora antes de colisionar con el otro tren.

Uno de los detalles más relevantes de su comparecencia es que otro maquinista, que también había recibido instrucciones para reanudar la circulación, habría advertido al centro de control de que debía aplicarse la denominada marcha a la vista.

Este procedimiento obliga a conducir con una velocidad especialmente reducida, adaptada a las condiciones de visibilidad y con capacidad para detenerse ante cualquier obstáculo. En las circunstancias descritas por Transportes, la limitación aplicable era de 40 kilómetros por hora.

Para Puente, ese intercambio refuerza la importancia de investigar las órdenes impartidas desde el centro de control. Sin embargo, sus explicaciones constituyen una reconstrucción preliminar y no sustituyen las conclusiones de los investigadores.

Al menos 68 muertos y decenas de heridos

El balance humano del accidente ha aumentado de forma continuada desde primera hora de la mañana.

Durante su comparecencia junto a Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado a 68 el número provisional de fallecidos, después de que los servicios de emergencia consiguieran acceder a algunas de las zonas más afectadas por la colisión.

Los datos sanitarios facilitados durante la jornada situaban en 58 el número de personas hospitalizadas, de las cuales 15 presentaban lesiones de especial gravedad.

García-Page ha advertido de que todavía podrían localizarse más víctimas mortales durante las labores de retirada de los vagones y recuperación de los cuerpos.

El rescate ha requerido la intervención de bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Protección Civil y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El dispositivo militar se ha ampliado hasta alcanzar 200 efectivos y 70 medios materiales, entre vehículos especializados y maquinaria pesada.

También se han habilitado espacios de atención para los familiares y personas afectadas, mientras los hospitales de Castilla-La Mancha han movilizado recursos extraordinarios para atender a los heridos.

Las tareas de identificación de los fallecidos se desarrollan con intervención de especialistas forenses y de la Policía Científica, siguiendo el protocolo previsto para emergencias con múltiples víctimas.

La Guardia Civil investiga las decisiones del centro de control

Una de las principales líneas de investigación se concentra en las comunicaciones mantenidas entre los maquinistas y el personal responsable de regular el tráfico ferroviario.

La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han comenzado a examinar la actuación del operario que gestionaba la circulación en el momento del accidente.

Las pesquisas deberán reconstruir los mensajes transmitidos, las señales disponibles, los registros de circulación y las condiciones de funcionamiento de los sistemas automáticos de seguridad.

También será necesario determinar por qué el Iryo permanecía detenido y qué información estaba disponible en el centro de control cuando se autorizó al AVE a continuar.

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo de actuación médico-forense y de policía científica para sucesos con víctimas múltiples.

La investigación judicial corresponde al Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), cuya sección competente deberá supervisar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades penales.

Un error humano no equivale automáticamente a una responsabilidad penal. Para determinarla será necesario establecer si existió una conducta negligente, qué obligaciones de seguridad se incumplieron y cuál fue su relación con el resultado del accidente.

Por ahora, las declaraciones del ministro de Transportes apuntan a una decisión incorrecta en la gestión del tráfico, pero todavía queda por aclarar si también fallaron otros mecanismos de supervisión y protección.

Otra tragedia ferroviaria nueve meses después de Adamuz

El accidente de Urda se produce en un contexto especialmente sensible para el transporte ferroviario español.

El pasado 18 de enero, la colisión de dos trenes en Adamuz, Córdoba, causó 46 muertos y abrió un intenso debate sobre la seguridad de la red de alta velocidad, el mantenimiento de las infraestructuras y los procedimientos de respuesta ante emergencias.

Los dos accidentes presentan circunstancias diferentes y no existe fundamento para atribuirles una misma causa. Sin embargo, su proximidad temporal vuelve a situar al Ministerio de Transportes, Adif y Renfe ante un problema de confianza pública en la seguridad ferroviaria.

Durante su comparecencia, Óscar Puente ha reconocido sentirse devastado por lo ocurrido y ha evitado plantearse una eventual dimisión. El ministro ha explicado que su prioridad inmediata es esclarecer los hechos.

La tragedia también ha alterado la actividad política a apenas un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Gobierno y buena parte de los partidos han suspendido sus agendas de precampaña, mientras distintas administraciones han declarado jornadas de luto oficial.

En el terreno ferroviario, la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece interrumpida por el accidente. Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para ofrecer asistencia a las personas afectadas y a sus familiares.

Las responsabilidades marcarán la respuesta al accidente de Urda

La comparecencia de Pedro Sánchez deja un compromiso político claro: investigar el accidente hasta esclarecer sus causas y actuar si se confirman negligencias o deficiencias en los sistemas de seguridad.

El presidente ha querido situar la atención a las víctimas por delante de cualquier otra consideración. Es una prioridad imprescindible mientras continúan los trabajos de recuperación de cuerpos, la identificación de fallecidos y la asistencia a los heridos.

Pero la gravedad del siniestro obliga también a examinar cómo funcionan los protocolos de seguridad cuando falla la tecnología y qué controles existen para impedir que una decisión equivocada tenga consecuencias irreversibles.

La reconstrucción presentada por Transportes plantea interrogantes importantes sobre las órdenes de circulación y la capacidad de respuesta del sistema ferroviario. Corresponde ahora a los investigadores determinar si esa secuencia explica por completo el accidente.

Las palabras de Sánchez tendrán que traducirse en resultados verificables. Las familias necesitan respuestas, los investigadores deben trabajar con independencia y los usuarios del ferrocarril tienen derecho a conocer qué ocurrió y qué medidas se adoptarán para impedir que vuelva a suceder.

Urda deja al menos 68 fallecidos y una investigación decisiva para la seguridad ferroviaria española. El alcance real de las responsabilidades todavía está por determinar.