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Cuba denuncia más de 22,9 millones de dólares al día por el embargo
Cuba denuncia en la ONU daños de más de 22,9 millones de dólares diarios por el embargo estadounidense, en medio de una profunda crisis energética.
Resumen
- Cuba atribuye al embargo de EE. UU. más de 22,9 millones de dólares al día
- Estados Unidos niega el bloqueo y culpa al Gobierno cubano de la crisis
- La ONU vota una resolución no vinculante que pide levantar las sanciones
El Gobierno de Cuba ha denunciado este miércoles, 28 de octubre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el embargo económico de Estados Unidos provoca daños superiores a 22,9 millones de dólares en un solo día. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó esta estimación para responder a Washington, que niega la existencia de un bloqueo contra la isla y responsabiliza a las autoridades cubanas de su profunda crisis económica.
Durante su intervención, Rodríguez mostró un contador en tiempo real de las pérdidas económicas que, según los cálculos oficiales de La Habana, ocasionan las restricciones estadounidenses. El dispositivo comenzó a funcionar el martes, coincidiendo con el inicio del debate de la ONU sobre la resolución anual que reclama el levantamiento del embargo.
El canciller acusó a Estados Unidos de agravar las dificultades de la población cubana mediante unas sanciones económicas que, aseguró, tienen consecuencias cada vez más graves sobre la vida cotidiana. Su discurso se produjo en un momento especialmente delicado para la isla, afectada por la escasez de combustible, los apagones prolongados y las dificultades para garantizar servicios básicos.
La denuncia llega, además, ante una nueva votación diplomática. La Asamblea General de la ONU tiene previsto pronunciarse este miércoles por trigésima cuarta vez sobre el embargo estadounidense, una política vigente desde hace más de seis décadas y que continúa enfrentando a ambos países.
Cuba pone cifras al impacto económico del embargo
Los 22,9 millones de dólares denunciados por La Habana representan una estimación del perjuicio económico acumulado durante una jornada de aplicación de las sanciones estadounidenses. Expresada como una media uniforme, esa cantidad equivaldría a más de 954.000 dólares por hora.
El contador presentado por Rodríguez pretende hacer visible un coste que normalmente se expresa mediante informes económicos anuales. Sin embargo, hay una distinción importante: no registra operaciones comerciales perdidas segundo a segundo, sino que representa una estimación elaborada por las autoridades cubanas.
La cifra, por tanto, no constituye una valoración económica auditada de forma independiente. Su alcance depende de los criterios empleados para calcular los daños, que pueden incluir operaciones comerciales frustradas, mayores costes financieros, dificultades de abastecimiento y otras consecuencias atribuidas a las restricciones.
La Habana sostiene desde hace décadas que estas medidas obstaculizan su desarrollo y encarecen las importaciones. Washington rechaza que sean la causa fundamental de los problemas económicos del país.
Las dos posiciones contienen elementos que conviene diferenciar. Las sanciones estadounidenses existen y afectan a numerosas transacciones comerciales y financieras. Otra cuestión es determinar cuánto de la crisis cubana corresponde a esas restricciones y cuánto a las decisiones económicas, los problemas de productividad y las deficiencias internas del sistema.
Estados Unidos niega el bloqueo y señala al Gobierno cubano
La intervención del canciller respondió a las declaraciones pronunciadas el martes por el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, quien rechazó que Cuba esté sometida a un bloqueo.
Waltz argumentó que la isla mantiene relaciones comerciales con numerosos países y recordó que las exportaciones estadounidenses a Cuba superaron, según sus datos, los 876 millones de dólares durante los ocho primeros meses de 2026.
El representante de Washington también responsabilizó al Gobierno cubano de la situación económica de sus ciudadanos y sostuvo que los recursos del país han beneficiado a las élites dirigentes.
Su argumento se apoya en una distinción jurídica relevante. Estados Unidos mantiene un embargo comercial, económico y financiero, pero no un bloqueo naval general que impida físicamente cualquier intercambio de mercancías con Cuba.
El embargo fue formalizado mediante la proclamación 3447, firmada por el presidente John F. Kennedy el 3 de febrero de 1962 y aplicada desde el día 7 de ese mes. Posteriormente, distintas leyes ampliaron su alcance.
Las restricciones también afectan a empresas extranjeras
Una de las disposiciones más controvertidas es la Ley Helms-Burton de 1996, que consolidó buena parte del sistema de sanciones y estableció consecuencias para determinadas actividades económicas relacionadas con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano.
Las medidas estadounidenses también pueden alcanzar a empresas y entidades financieras de otros países. En 2026, Washington amplió las posibilidades de sancionar determinadas operaciones mediante nuevas disposiciones dirigidas a personas y entidades extranjeras vinculadas con sectores o actividades específicas de la economía cubana.
No obstante, el embargo contempla excepciones y autorizaciones para determinados alimentos, medicamentos, equipos médicos y operaciones humanitarias. El Departamento del Tesoro estadounidense mantiene procedimientos para permitir transacciones que, de otro modo, estarían restringidas.
Que existan esas excepciones no significa que desaparezcan los obstáculos comerciales y financieros. Tampoco permite afirmar que Cuba esté completamente aislada del mercado internacional.
La crisis energética agrava las dificultades de la población
Las consecuencias de la situación económica cubana van mucho más allá de las cifras presentadas ante Naciones Unidas.
La isla atraviesa una grave crisis energética, caracterizada por la escasez de combustible y los cortes prolongados de electricidad. Las dificultades afectan al transporte, la distribución de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento de instalaciones sanitarias.
En junio de 2026, Naciones Unidas advirtió de que más de 100.000 intervenciones quirúrgicas habían sido aplazadas en Cuba en un contexto de falta de electricidad, medicamentos y suministros médicos.
El organismo internacional también señaló que la escasez energética dificultaba la distribución de ayuda humanitaria. Parte de los alimentos y materiales sanitarios permanecían almacenados en instalaciones portuarias porque no había suficiente combustible para transportarlos hasta sus destinos.
Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, ha advertido de las repercusiones humanitarias de la crisis y de la necesidad de garantizar el suministro energético para mantener los servicios esenciales.
Las restricciones estadounidenses contribuyen a ese deterioro, según los responsables humanitarios de la ONU. Pero la situación también está condicionada por problemas estructurales acumulados, dificultades de inversión y las consecuencias de desastres naturales.
Reducir toda la crisis al embargo sería una explicación incompleta. Negar que las sanciones pueden perjudicar a la población cubana tampoco se sostiene ante las restricciones que siguen vigentes.
El enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos llega a la ONU
El debate sobre el embargo ha estado marcado este año por un enfrentamiento especialmente tenso entre las delegaciones de ambos países.
El martes 27 de octubre, Bruno Rodríguez y Mike Waltz protagonizaron una discusión durante la intervención del representante estadounidense ante la Asamblea General.
La delegación cubana interrumpió el discurso de Waltz después de que este criticara al régimen de Fidel Castro y denunciara la represión política ejercida durante su Gobierno.
Rodríguez protestó ante la presidencia de la Asamblea y acusó al embajador estadounidense de faltar a la verdad. La tensión obligó a suspender brevemente la sesión, que posteriormente pudo reanudarse.
El episodio reflejó el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, agravado durante 2026 por el endurecimiento de las sanciones y las acusaciones cruzadas.
El Gobierno cubano también ha denunciado presiones diplomáticas estadounidenses sobre otros países para modificar su posición en la votación de Naciones Unidas. Washington, por su parte, ha defendido públicamente su política hacia la isla y sus críticas al sistema político cubano.
La ONU vuelve a votar contra un embargo que dura décadas
La Asamblea General debe examinar este miércoles una nueva resolución que reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
Desde 1992, Naciones Unidas ha aprobado 33 resoluciones anteriores solicitando el levantamiento de estas medidas.
En la votación de octubre de 2025, el texto obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Aunque la mayoría internacional continuó siendo amplia, el resultado reflejó un descenso del respaldo respecto a otros años.
El apoyo a Cuba llegó a alcanzar 191 votos favorables en 2015, 2016 y 2017.
La resolución de este año vuelve a cuestionar las consecuencias de las medidas estadounidenses y sus efectos sobre las relaciones comerciales internacionales.
Sin embargo, existe una limitación fundamental: las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Su aprobación expresa una posición política de la comunidad internacional, pero no obliga a Washington a modificar inmediatamente su legislación.
El levantamiento general del embargo requiere cambios en el marco legal estadounidense, en el que el Congreso desempeña un papel decisivo.
Una nueva votación no resolverá la crisis cubana
La cifra de 22,9 millones de dólares presentada por Cuba introduce un dato llamativo en un conflicto diplomático que lleva más de seis décadas sin resolverse.
La Habana intenta demostrar que el coste de las sanciones no se limita a las relaciones entre gobiernos, sino que repercute directamente sobre la economía y las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Estados Unidos insiste en que el origen de la crisis está principalmente en el modelo político y económico cubano. Esa responsabilidad interna merece un examen riguroso, especialmente cuando se trata de libertades, gestión pública y decisiones que afectan a millones de personas.
Pero la existencia de problemas internos no elimina las consecuencias de las restricciones comerciales, financieras y energéticas impuestas desde el exterior.
La Asamblea General puede volver a reclamar el fin del embargo, como ha hecho durante décadas. Lo que no puede hacer es derogarlo.
Mientras Washington y La Habana mantienen sus posiciones, la población cubana continúa afrontando apagones, escasez y dificultades para acceder a servicios esenciales. El resultado diplomático tendrá importancia política, pero las condiciones de vida en la isla dependerán de decisiones mucho más concretas que una nueva declaración de Naciones Unidas.
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